Gobierno español enfrenta críticas tecnológicas por prohibición de redes sociales a menores de 16 años

Gobierno español enfrenta críticas tecnológicas por prohibición de redes sociales a menores de 16 años

El Gobierno español enfrenta fuertes críticas de líderes tecnológicos por su plan para prohibir las redes sociales a menores de 16 años y exigir verificación de edad. Pável Dúrov, fundador de Telegram, denunció que estas medidas convertirían a España en un "Estado de vigilancia" bajo el pretexto de protección infantil.

La polémica por la privacidad
Dúrov alertó que la obligación de verificar la identidad de los usuarios erosionaría el anonimato y facilitaría la recolección masiva de datos. "No son salvaguardas, son pasos hacia el control total", afirmó en un mensaje difundido a todos los usuarios de Telegram. Expertos en privacidad coinciden en que métodos como el reconocimiento facial o el escaneo de documentos conllevan riesgos, aunque el Gobierno estudia implementar la Cartera de Identidad Digital Europea (EUDI Wallet) para preservar el anonimato.

Censura y responsabilidad penal
El empresario ruso —detenido en 2024 en Francia por presunta negligencia ante contenido delictivo en su plataforma— también criticó la posible responsabilidad penal para ejecutivos tecnológicos por publicaciones en sus redes. Advirtió que esto generaría "sobrecensura", eliminando incluso opiniones políticas o periodísticas para evitar sanciones. Señaló como ejemplo la ley alemana NetzDG, que desde 2018 ha enfrentado cuestionamientos por su aplicación ambigua contra el discurso de odio.

¿Es Telegram realmente segura?
Aprovechando la controversia, Dúrov promocionó las medidas de privacidad de su app, aunque expertos recuerdan que solo los chats "secretos" usan cifrado de extremo a extremo (como Signal o WhatsApp), mientras que los mensajes estándar se almacenan en sus servidores. Además, su moderación laxa ha convertido a Telegram en refugio de cibercriminales y grupos radicales.

La medida española refleja un debate global: cómo equilibrar la protección de menores con derechos digitales en un entorno cada vez más regulado. Mientras otros países evalúan enfoques similares, la industria tecnológica prepara resistencias legales y de opinión pública.

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