Comerciantes dominicanos están siendo extorsionados por pandillas haitianas, quienes les exigen hasta cinco mil dólares semanales para permitir el transporte de mercancías hacia Haití. Esta situación ha encendido las alarmas en el Congreso dominicano, donde los legisladores exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad en la frontera y critican la convocatoria al embajador dominicano ante las autoridades haitianas.
La denuncia revela un clima de inseguridad que está minando el comercio entre República Dominicana y Haití. Los congresistas aseguran que estas prácticas ilícitas evidencian el fracaso de la fuerza internacional desplegada para combatir a las pandillas haitianas. Aseguran que, lejos de disminuir, la violencia y los cobros ilegales continúan afectando gravemente a los comerciantes y transportistas dominicanos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití convocó al embajador dominicano, Faruk Miguel, para que explique las supuestas incursiones militares dominicanas en territorio haitiano. Este llamado ha generado reacciones divididas entre los legisladores dominicanos. Algunos rechazan categóricamente que el diplomático deba comparecer, argumentando que se trata de una presión injustificada. Otros, en cambio, ven la reunión como una oportunidad para aclarar malentendidos y fortalecer el diálogo bilateral.
El presidente Luis Abinader ha sido claro en su postura: la participación de las fuerzas militares dominicanas en operaciones internacionales contra las pandillas haitianas no está en discusión. Su gobierno ha reiterado que las medidas adoptadas tienen como único objetivo proteger la soberanía y seguridad nacional.
La reunión entre el embajador dominicano y las autoridades haitianas está programada para este jueves 29 de octubre, en la sede de la Cancillería haitiana. Se espera que este encuentro marque un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países, en un momento de creciente tensión y desafíos compartidos en materia de seguridad y comercio.
Mientras tanto, la situación en la frontera sigue siendo crítica, con comerciantes y transportistas reclamando protección inmediata. Las autoridades dominicanas enfrentan el desafío de garantizar la seguridad sin comprometer las relaciones con su vecino más cercano.
