El gran desafío de la 'Ley IA' en Europa: muchas empresas no saben qué herramientas de IA usan realmente
A partir del 2 de agosto, la Unión Europea da un nuevo paso en la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), introduciendo obligaciones de transparencia para ciertos sistemas de IA. Pero hay un problema inesperado: muchas empresas desconocen qué inteligencia artificial utilizan en sus operaciones diarias, según advierten expertos del sector.
La norma, que entró en vigor en 2024 pero despliega ahora sus primeras exigencias prácticas, busca que los usuarios sepan cuándo interactúan con una IA o cuándo un contenido ha sido generado artificialmente. Sin embargo, el verdadero obstáculo para las organizaciones no son las multas —que pueden llegar a los 35 millones de euros—, sino la falta de claridad sobre su propio uso de estas tecnologías.
El problema oculto: la "IA en la sombra"
Giovanni Alessandrello, director general de la consultora BIP Iberia, explica que muchas empresas han adoptado herramientas de IA de forma improvisada, sin una estrategia clara. "La pregunta crítica es: ¿Sabemos dónde usamos IA, con qué datos y bajo qué responsabilidad?", señala. Un fenómeno creciente es el uso de IA pública por empleados fuera de los canales autorizados, lo que dificulta su gestión y control.
La solución, según los expertos, pasa por crear inventarios detallados de los sistemas en uso, clasificarlos según su riesgo (tal como exige el reglamento) y establecer protocolos para garantizar el cumplimiento. "Si no puedes explicar qué hace tu IA, estás en zona de riesgo", advierte Marina Villalonga, socia de Asensi Abogados.
Nuevas reglas de transparencia para los usuarios
El cambio más visible para los ciudadanos está en el artículo 50 del AI Act, que obliga a:
- Informar cuando se interactúa con una IA (por ejemplo, chatbots).
- Identificar deepfakes (contenidos audiovisuales manipulados) y otros materiales generados artificialmente.
Estas medidas buscan combatir la desinformación y aumentar la confianza en la tecnología. "Los usuarios podrán exigir saber si hablan con una máquina o con una persona", destaca Villalonga.
Riesgos más allá de las multas
Aunque el reglamento prevé sanciones millonarias, los especialistas señalan que el impacto inmediato será reputacional y contractual. Empresas y administraciones públicas empezarán a exigir pruebas de que los sistemas de IA cumplen la normativa. "Retirar un producto del mercado o perder contratos puede ser más grave que una multa", apunta Guillermo Hidalgo, de MAIO Legal.
El mensaje final es claro: adaptarse a la nueva ley requiere organización y recursos, pero ignorarla podría ser aún más costoso. Como resume Alessandrello: "Gobernar la IA no es opcional; es una necesidad crítica, igual que la ciberseguridad".
