El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha reaccionado con firmeza tras una controvertida sentencia judicial que absolvió a 13 personas y condenó a otras ocho en un caso de corrupción. El partido opositor acusa al Ministerio Público de actuar con falta de objetividad y ensañamiento durante el proceso, afirmando que las acusaciones carecían de pruebas sólidas.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó la sentencia en la madrugada de este jueves, descargando a varios dirigentes del PLD, incluida Magalys Medina Sánchez, hermana del presidente del partido. Sin embargo, Alexis Medina Sánchez, también hermano del líder del PLD, fue condenado a siete años de prisión.
El PLD destacó que la decisión judicial demuestra que nunca existió la supuesta "estructura criminal" que el Ministerio Público vinculó al partido durante más de cinco años. En un comunicado, la organización afirmó que el proceso estuvo marcado por filtraciones, declaraciones sin sustento y una narrativa política amplificada por algunos medios de comunicación.
"La justicia no se construye con titulares, sino con pruebas", señaló el PLD, criticando que el Ministerio Público incluyera en el expediente a personas que debieron ser excluidas desde el inicio. El partido también denunció que el caso fue utilizado como una herramienta de persecución política, característica del "lawfare" o judicialización de la política.
El PLD reiteró su compromiso con la verdad y la defensa de las libertades públicas, advirtiendo que permanecerá vigilante ante cualquier intento de socavar la independencia judicial o criminalizar la acción política legítima en República Dominicana.
Entre los condenados se encuentra Alexis Medina Sánchez, mientras que su hermana Carmen Magalys Medina fue absuelta. El tribunal argumentó que el Ministerio Público no logró demostrar la responsabilidad penal de los acusados descargados.
Este caso ha puesto en evidencia las tensiones entre la justicia y la política en el país, levantando preguntas sobre la imparcialidad y la transparencia en los procesos judiciales. El PLD insiste en que prácticas como estas erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y debilitan la democracia.
La sentencia marca un punto crucial en un caso que ha captado la atención nacional durante años, dejando en claro que las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas concretas y no por intereses políticos.
