El nuevo Código Penal aprobado por el presidente Luis Abinader en República Dominicana ha endurecido las penas por difamación, introduciendo además una nueva figura penal: la difamación extorsiva. Estas modificaciones, que entrarán en vigor en un año, amplían el alcance del delito y aumentan las sanciones, que podrían llegar hasta diez años de prisión en los casos más graves.
Hasta ahora, las leyes vigentes, como la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y el Código Penal actual, sancionaban la difamación con penas máximas de un año de prisión, sin importar el medio utilizado. Sin embargo, el nuevo código amplía la definición del delito, incluyendo plataformas digitales, redes sociales, radio, televisión y otros medios electrónicos. Además, las penas se incrementan significativamente, llegando hasta cinco años de prisión en casos de difamación común.
El artículo 208 del nuevo Código Penal define la difamación como la imputación pública de un hecho que afecte el honor, la imagen, la dignidad o la integridad familiar de una persona, ya sea física o jurídica. Las penas por este delito oscilarán entre dos y cinco años de prisión menor, además de multas que van de nueve a quince salarios mínimos del sector público.
Una de las novedades más destacadas es la inclusión del delito de difamación extorsiva, recogido en el artículo 209. Esta figura se aplicará cuando la difamación se utilice con el fin de obtener un beneficio, ya sea para el autor o para un tercero, o para obligar a la víctima a realizar, omitir o tolerar un acto que le cause perjuicio. En estos casos, las penas serán aún más severas, con condenas de cinco a diez años de prisión mayor y multas de diez a veinte salarios mínimos.
La nueva ley busca castigar conductas en las que la difamación se utiliza como herramienta de presión, chantaje o coacción, especialmente en contextos donde la información falsa se emplea para intimidar a través de redes sociales o medios digitales. Con estas medidas, el gobierno dominicano pretende reforzar la protección del honor y la dignidad de las personas frente a los abusos en el entorno digital y mediático.
