El presidente Luis Abinader tiene hasta el domingo 10 de agosto para decidir si promulga o no el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional. Si no actúa dentro de ese plazo, la ley entrará en vigor automáticamente, tal como lo establece la Constitución dominicana. Este viernes, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y la secretaria del bufete directivo, Lía Díaz, firmaron el proyecto y lo enviaron al Poder Ejecutivo, dando inicio al conteo de los diez días hábiles para su promulgación.
Según el artículo 101 de la Constitución, el presidente debe promulgar la ley dentro de ese plazo. Si no lo hace, se considera automáticamente aprobada y será publicada por el presidente del Senado. Además, el artículo 102 permite que el mandatario devuelva la ley con observaciones dentro del mismo período. En ese caso, el Congreso tendrá la última palabra sobre si acepta los cambios o mantiene el texto original.
La legislatura extraordinaria, que permitió la aprobación del código, estará vigente hasta el martes 5 de agosto. Sin embargo, si Abinader no ha tomado una decisión para esa fecha, la legislatura se extenderá automáticamente hasta que se resuelva el asunto, según el artículo 106 de la Constitución.
Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, instó al presidente a promulgar el nuevo Código Penal sin demoras. Díaz argumentó que la sociedad dominicana no puede seguir conviviendo con una legislación penal "desfasada". El nuevo código incluye más de 90 nuevos tipos penales que responden a los cambios sociales, tecnológicos y criminales de las últimas décadas.
El legislador también destacó que, una vez promulgada, la normativa tendrá un período de vacatio legis de un año, tiempo que puede aprovecharse para corregir aspectos que generen preocupación. "Siempre habrá aspectos perfectibles, pero eso no puede ser una excusa para frenar su entrada en vigor", afirmó Díaz.
El Congreso Nacional, dominado por una mayoría del PRM, había enfrentado dificultades para aprobar el proyecto debido a desacuerdos en temas como el aborto, la discriminación por orientación sexual y las penalizaciones a las iglesias como entes jurídicos. No obstante, en la legislatura que comenzó el 27 de febrero, los congresistas lograron consensuar la aprobación del código, aunque no todos estuvieran de acuerdo con el 100 % de los artículos.
En resumen, el nuevo Código Penal representa un paso crucial hacia la modernización del sistema de justicia en República Dominicana. La decisión final recae ahora en el presidente Abinader, quien tiene la oportunidad de responder a las demandas de una sociedad que clama por una legislación más acorde con los tiempos actuales.
