El Tribunal Superior Electoral (TSE) falla en contra de la diputada Rosa Amalia Pilarte de López en su intento de amparo contra el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus dirigentes.
En un fallo que marca un nuevo capítulo en el escenario político, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha declarado inadmisible el recurso de amparo presentado por la diputada de la provincia La Vega, Rosa Amalia Pilarte de López, en contra del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como de José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidente y secretaria general del partido, respectivamente.
La decisión del TSE se fundamenta en el marco legal y en la existencia de otras vías judiciales para abordar las alegaciones de la diputada. De acuerdo con el tribunal, existe la posibilidad de impugnar actuaciones partidarias específicas, tal como establece el artículo 13, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral y está regulado en el artículo 95 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.
La diputada Rosa Amalia Pilarte de López había solicitado la inscripción de su precandidatura a diputada por la Circunscripción 1 de la provincia La Vega dentro del PRM. Sin embargo, la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del partido rechazó dicha solicitud. Este rechazo se originó tras la intervención de un juez de la Suprema Corte de Justicia en un caso de narcotráfico y lavado de activos, en el que la diputada y su familia están involucrados.
La decisión del TSE también establece que el proceso es libre de costos y ordena que la sentencia sea notificada a las partes involucradas a través de la Secretaría General del tribunal, además de ser publicada en el boletín contencioso electoral para los fines correspondientes.
La diputada Pilarte López enfrenta serias acusaciones relacionadas con actividades ilícitas y lavado de activos, en un caso que involucra a su esposo y a dos de sus hijos. El Ministerio Público ha presentado una acusación en su contra, sosteniendo que la organización criminal habría movido más de RD$2,000 millones entre 2007 y 2019, una afirmación respaldada por movimientos bancarios en el país. Este último fallo del TSE agrega un nuevo episodio al complejo panorama legal y político en el que se encuentra inmersa la diputada y su familia.
