Fraude millonario en fundación contra el cáncer: desvío de fondos públicos para comprar lujos
Un escándalo de corrupción sacude al sistema de salud dominicano tras descubrirse el desvío de 148 millones de pesos del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, destinados a pacientes oncológicos. Los fondos, provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), fueron utilizados por el exdirector Héctor Antonio Lora Cruceta y sus familiares para adquirir propiedades de lujo, vehículos y pagar gastos personales, según investigaciones del Ministerio Público.
El esquema, parte de la operación "Onco14" —vinculada al caso "Cobra"—, operó entre 2018 y 2021. Lora Cruceta eliminó controles institucionales, sustituyendo cheques mancomunados por transferencias electrónicas gestionadas exclusivamente desde su dispositivo personal. Así, evitó la supervisión de la junta directiva y la tesorería.
Lujo con dinero público
Los investigadores revelaron que Lora asignó 25.4 millones en "gastos de representación" ilegítimos, incrementando mensualmente sus asignaciones de 100,000 a 600,000 pesos. Mientras, reportaba un salario ficticio de solo 20,000 pesos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). También transfirió 20.3 millones a cuentas personales bajo conceptos falsos como viajes y hoteles, sin facturas ni autorizaciones.
Con los fondos robados, adquirió un Hyundai Santa Fe 2023 valorado en 1.5 millones, apartamentos de lujo en Santiago —incluyendo uno compartido con su exesposa Dilcia Vargas Sánchez— y un terreno en Samaná. Además, destinó 6.7 millones al pago de tarjetas de crédito y otros 4.3 millones a consumos personales.
Red de complicidad
La trama involucró a su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y empresas familiares como Vargas Lora & Asociados y la Fundación Tócate RD. Estas sirvieron para lavar dinero, según el Ministerio Público, que destacó la "estratificación de fondos" para ocultar su origen ilícito. Pese a declarar ingresos mínimos en su empresa de ingeniería, Lora movió millones sin justificación.
El caso expone fallas críticas en la fiscalización de fondos públicos destinados a salud. Autoridades anticipan más imputaciones mientras continúa el rastreo de activos. La investigación podría ampliarse a otros colaboradores y beneficiarios del esquema.
Este fraude no solo perjudicó al erario, sino que privó de recursos vitales a pacientes con cáncer, en un país donde el acceso a tratamientos oncológicos ya es limitado. El Ministerio Público asegura que trabaja para recuperar los bienes malversados y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
