El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ha rechazado de plano una solicitud para cerrar el proceso penal contra Ángel Lockward, acusado de corrupción administrativa en un escándalo que involucra más de RD$19,000 millones defraudados al Estado. La decisión judicial marca un punto crucial en un caso que ha mantenido en vilo al país por su magnitud y la implicación de figuras políticas de alto perfil.
La petición de cerrar el caso fue presentada fuera del plazo permitido, cuando la audiencia preliminar ya había avanzado hasta la fase de conclusiones. “Admitir una solicitud en esta etapa desnaturalizaría el procedimiento penal”, señaló el tribunal en un comunicado. Además, el juzgado rechazó una solicitud para modificar las medidas de coerción impuestas a Lockward, quien sigue con prohibición de salir del país y debe presentarse periódicamente ante las autoridades.
Lockward, abogado de profesión, está acusado de participar en una presunta red de corrupción administrativa junto a exministros como Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Según el Ministerio Público, Lockward habría realizado pagos irregulares, cesiones de créditos ficticias y lavado de activos a través de su firma legal. Su defensa argumenta que el caso lleva más de cuatro años en fase de instrucción y que las demoras no son atribuibles al acusado, sino a la complejidad del proceso y el número de involucrados.
El caso, conocido como “Operación Calamar”, también incluye entre sus imputados a figuras como Princesa Alexandra García Medina y Claudio Silver Peña, exdirector del Catastro. La trama ha sido descrita como una de las más grandes defraudaciones al Estado dominicano en los últimos años.
El rechazo a las solicitudes presentadas por Lockward refuerza el rigor del proceso judicial y subraya la determinación de las autoridades para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Aunque aún no hay fecha para una sentencia definitiva, el caso sigue siendo observado con atención por su impacto potencial en la lucha contra la corrupción y la confianza pública en las instituciones.
