El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional levantó el arresto domiciliario del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave en el caso Coral, uno de los más sonados en materia de corrupción en el país. La magistrada Gisell Méndez, presidenta del tribunal, sustituyó esta medida restrictiva por un impedimento de salida del territorio nacional y la obligación de presentarse ante las autoridades el último viernes de cada mes. La decisión marca un giro significativo en un proceso que ha mantenido en vilo a la opinión pública dominicana.
La solicitud de modificación de la medida cautelar fue presentada por el defensor público Rubén Martínez, quien argumentó que Girón Jiménez ya había cumplido con la pena máxima de cinco años impuesta por el tribunal. Ni el fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ni el abogado José Alberto Ortiz, representante del Estado, se opusieron a la solicitud. Méndez respaldó su decisión al considerar que mantener el arresto domiciliario era desproporcionado en esta etapa del proceso.
El caso Coral, que involucra a altos funcionarios y militares en presuntos actos de corrupción, ha sido uno de los más emblemáticos en la lucha contra el mal uso de fondos públicos en la República Dominicana. Girón Jiménez, condenado previamente a cinco años de prisión, había estado bajo arresto domiciliario desde mayo de 2021, ordenado por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. El tribunal también dispuso el retiro inmediato de la custodia especial que limitaba su movilidad.
El proceso judicial sigue abierto, pendiente de la lectura íntegra de la sentencia y los posibles recursos que puedan presentar las partes. Las nuevas medidas buscan garantizar que Girón Jiménez permanezca sujeto a las diligencias futuras del juicio mientras se determina el cómputo definitivo de su pena. Este caso sigue siendo un punto de referencia en la aplicación de la justicia contra la corrupción en el país.
El desarrollo del caso Coral será clave para evaluar cómo se aplican las medidas anticorrupción en la República Dominicana, un tema que sigue generando debate y atención en la esfera pública. Las implicaciones de esta decisión podrían sentar un precedente para futuros procesos judiciales de similar envergadura.
