Dos implicados en mega fraude contra hospital de cáncer enviados a prisión preventiva
Un tribunal de Santiago ordenó prisión preventiva de 18 meses para dos de los acusados de desviar millones del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, en un escándalo que afectó a pacientes oncológicos y al sistema de salud público. La jueza Stephanie Santiago Reyes aceptó la solicitud del Ministerio Público tras encontrar "pruebas robustas" contra Héctor Lora Cruceta, exdirectivo del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y su esposa Luisa Guzmán, mientras que una tercera implicada recibió arresto domiciliario.
La trama del fraude
Los investigados habrían creado una red para estafar al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante facturas falsas, medicamentos no entregados y cirugías estéticas realizadas ilegalmente en instalaciones del hospital. Según la Procuraduría Especializada contra la Corrupción, usaron fundaciones pantalla como "Tócate RD" para lavar dinero y cobrar servicios fantasmas.
Mirna Ortiz, fiscal a cargo del caso, advirtió que "habrá más imputados" en esta investigación denominada Operación Onco 14, que ya reveló sobornos a farmacéuticas, venta de donaciones médicas y sabotaje de archivos digitales. Lora Cruceta y Guzmán cumplirán la medida en la cárcel de Rafey, mientras Dilcia Vargas —expareja del principal acusado— enfrentará restricciones en su residencia.
Impacto nacional
El escándalo expone fallas en el control de entidades benéficas que manejan fondos públicos. Autoridades confirmaron que los implicados se autoasignaron salarios millonarios y viajes pagados con dinero destinado a tratamientos contra el cáncer. El Senasa, que cubre a 8 millones de dominicanos, habría sido estafado mediante facturaciones duplicadas y recetas médicas falsificadas.
El Ministerio Público aseguró que continuará el rastreo de activos ilícitos, mientras analiza posibles cómplices dentro del sistema de salud. Este caso se suma a otras investigaciones por corrupción en hospitales públicos, donde en los últimos tres años se han detectado sobreprecios en compras de insumos por más de RD$2,000 millones.
La decisión judicial marca un precedente en casos de malversación de fondos sanitarios, en un país donde el cáncer es la segunda causa de muerte. Familiares de pacientes del IORC exigen sanciones ejemplares y mayor transparencia en el uso de los recursos para tratamientos.
