Tribunal embarga bienes de Matamoros por abuso de confianza millonario

Tribunal embarga bienes de Matamoros por abuso de confianza millonario

Tribunal autoriza embargo millonario en caso de presunto fraude energético

Un juzgado de Santo Domingo acaba de dar luz verde a un embargo patrimonial por 5 millones de dólares contra el representante local de una empresa internacional de energía, tras una denuncia por supuesto desvío de fondos. El fallo judicial marca un nuevo capítulo en un conflicto que lleva seis años escalando y que involucra a actores clave del sector energético dominicano.

La jueza Clara Luz Almonte, del Distrito Nacional, aceptó parcialmente la solicitud de la empresa Transcaribbean Energy (TEPC), vinculada al empresario Ricardo Kang Sang Cheaz, quien alega que Carlos Matamoros Bregni, representante de Dynex Energy Group, incumplió un acuerdo de reparto de ganancias. Según documentos judiciales, Dynex habría recibido más de 18 transferencias por concepto de un proyecto térmico, sin entregar el 55% pactado a TEPC.

El caso tiene su origen en un contrato de exclusividad firmado en 2018 para desarrollar una planta de generación eléctrica. Fuentes cercanas al proceso aseguran que las pruebas presentadas incluyen registros bancarios que muestran transferencias por más de 3 millones de dólares y 15 millones de pesos dominicanos, supuestamente retenidos por Dynex.

Desde el bando del demandado, el abogado Aneuri Concepción desestimó las acusaciones, calificando el conflicto como "estrictamente civil" y señalando que existe una demanda paralela pendiente desde 2010. "Están mezclando procesos distintos", declaró, sin ofrecer más detalles sobre el fondo del litigio.

El fallo llega en un momento sensible para el sector energético local, donde proyectos de generación han estado bajo escrutinio por presuntas irregularidades. Aunque el tribunal rechazó solicitar un impedimento de salida contra Matamoros, el embargo aprobado podría tensar aún más las relaciones entre las partes.

Autoridades judiciales anticipan que el caso seguirá su curso en instancias civiles, mientras analizan nuevas pruebas. El desenlace podría sentar un precedente en disputas contractuales dentro de la industria, cada vez más relevante para la economía nacional.

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