El partido Fuerza del Pueblo (FP) ha lanzado una iniciativa urgente para transformar las ciudades dominicanas, abordando problemas críticos como la falta de viviendas dignas, el acceso desigual a servicios básicos y el deterioro ambiental. En una declaración conjunta emitida con motivo del Día Mundial de las Ciudades, celebrado el pasado 31 de octubre, la organización política advirtió que el crecimiento urbano desordenado y la especulación inmobiliaria han exacerbado las desigualdades sociales y territoriales en el país. Este plan busca priorizar la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana como pilares fundamentales para el desarrollo urbano.
La declaración, respaldada por los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Urbanismo y Vivienda, junto al vicesecretario de Ordenamiento Territorial, detalla que miles de familias dominicanas enfrentan condiciones de precariedad extrema. La falta de acceso a agua potable, drenaje pluvial, energía eléctrica y transporte público ha agravado su vulnerabilidad ante fenómenos como el cambio climático. Además, la ausencia de una planificación territorial coherente ha fragmentado las ciudades, expandiendo sectores urbanos marcados por la pobreza y la exclusión social.
Entre las propuestas principales, el FP insta a un "nuevo pacto urbano" que incluya la regeneración de barrios existentes, el mejoramiento de asentamientos informales y la seguridad de tenencia de la vivienda. También se plantea la creación de sistemas de transporte público eficientes, infraestructuras peatonales y ciclistas adecuadas, y la conectividad digital universal para reducir distancias y emisiones contaminantes. En materia ambiental, se enfatiza la necesidad de proteger áreas verdes, cuencas hidrográficas y ecosistemas urbanos, así como desarrollar infraestructuras resilientes frente a los riesgos climáticos.
La organización subrayó que el Estado debe tomar un rol más activo como regulador y garante de la equidad en el desarrollo urbano, destacando que "la vivienda es un derecho humano y no una mercancía". Además, reafirmó su compromiso con políticas públicas que combatan la pobreza estructural desde el hábitat, integrando el saneamiento ambiental, la transición ecológica y la inclusión de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
El FP concluyó su declaración con un llamado a fortalecer la participación ciudadana en la gestión urbana y a promover un debate nacional sobre el modelo de ciudades que necesita el país. Este enfoque no solo busca medir el desarrollo urbano por el crecimiento inmobiliario, sino también por la reducción de desigualdades, la mejora de la calidad de vida y la preservación de los recursos naturales.
