Tribunal Constitucional dominicano evalúa despenalizar el aborto en casos excepcionales
El Tribunal Constitucional de República Dominicana analizará este miércoles una demanda que busca eliminar la prohibición absoluta del aborto en el país, un debate que podría cambiar la vida de miles de mujeres. La acción judicial cuestiona los artículos del Código Penal que criminalizan la interrupción del embarazo sin excepciones, incluso cuando la vida de la madre está en riesgo, el feto es inviable o el embarazo es producto de violación o incesto.
El recurso, presentado semanas atrás, argumenta que la Constitución no impide establecer causales de exención penal en situaciones extremas. Según expertos consultados, la decisión del tribunal podría tardar entre seis y siete meses, marcando un precedente histórico en un país donde el aborto está totalmente penalizado desde 1884.
Contexto regional y legal
República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que mantiene una prohibición total del aborto, junto con Nicaragua, El Salvador y Honduras. Sin embargo, al menos 17 naciones del continente ya permiten excepciones en casos específicos, según datos citados en la demanda.
El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, uno de los impulsores de la acción, sostiene que la criminalización absoluta contradice principios fundamentales como el derecho a la vida y la salud de las mujeres. "La Constitución no exige penalizar el aborto en casos de violación o riesgo materno", afirmó en declaraciones recogidas por medios locales.
Implicaciones sociales y políticas
El debate llega en un momento de creciente presión internacional y local para reformar las leyes dominicanas. Organizaciones de derechos humanos y médicos han alertado sobre las consecuencias de la prohibición: según cifras oficiales, complicaciones por abortos inseguros son una de las principales causas de muerte materna en el país.
Mientras grupos religiosos y conservadores defienden el statu quo, la sociedad civil espera que el Tribunal Constitucional siga el ejemplo de países como Colombia y Argentina, donde altas cortes han avalado despenalizaciones parciales en los últimos años.
¿Qué sigue?
Tras la audiencia de este miércoles, el expediente pasará a fase de deliberación. La sentencia, que requerirá mayoría calificada entre los jueces, podría redefinir el marco legal dominicano y alinear al país con estándares internacionales de derechos reproductivos. Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a activistas, legisladores y ciudadanos en una de las batallas legales más polarizantes de la última década.
