Dos generales dominicanos condenados por corrupción millonaria en escándalo que sacude al país
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpables de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a dos altos mandos militares, en un caso que ha destapado uno de los mayores esquemas de corrupción en la historia reciente de República Dominicana. Los exdirectores de la Seguridad Presidencial y de la Policía Turística desviaron fondos públicos por millones de pesos mientras ocupaban cargos clave durante el gobierno anterior.
Dinero inexplicable y préstamos sospechosos
Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), manejó más de 65 millones de pesos anuales sin justificación legal. Las pruebas revelaron que, pese a ganar menos de 200,000 pesos al mes, acumuló propiedades valuadas en tres millones. Usó préstamos bancarios para encubrir el origen ilícito del dinero, según el tribunal.
Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió la seguridad del expresidente Danilo Medina, canceló deudas millonarias con fondos públicos. Las juezas encontraron que sus movimientos bancarios superaban ampliamente sus ingresos legítimos. Ambos generales formaban parte de una red que desfalcó más de 4,500 millones de pesos del Estado, según la Fiscalía.
Condenas ejemplares en un caso emblemático
El fallo, emitido por las magistradas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, también los halló culpables de asociación ilícita, prevaricación y estafa. El Ministerio Público busca penas de hasta 20 años de prisión para los 26 implicados en el caso "Coral 5G", considerado un test clave en la lucha anticorrupción.
Las investigaciones demostraron que Torres Robiou infló nóminas con personal fantasma, mientras Cáceres usaba instituciones bajo su mando para blanquear dinero. El tribunal destacó que las pruebas incluyen documentos bancarios, testimonios y peritajes forenses que confirmaron el enriquecimiento injustificado.
Un mensaje claro contra la impunidad
Este veredicto marca un punto de inflexión en un país donde casos de corrupción de alto nivel rara vez llegan a sentencia. Las autoridades aseguran que continuarán las pesquisas para recuperar los fondos robados, mientras analizan posibles vínculos con otros funcionarios. La opinión pública sigue de cerca el proceso, que podría redefinir el combate al crimen organizado dentro del Estado.
