El posible rechazo de gasolineras a los pagos con tarjetas bancarias en República Dominicana ha encendido las alertas entre transportistas y autoridades, quienes temen un aumento en la inseguridad y un retroceso en los avances logrados en materia de seguridad financiera. Los dueños de estaciones de combustible alegan que las altas comisiones por transacciones electrónicas, que oscilan entre el 4% y el 7%, están afectando gravemente su rentabilidad.
Williams Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), advirtió que eliminar los pagos electrónicos obligaría a los conductores a manejar grandes sumas de efectivo, lo cual los convertiría en blancos fáciles para la delincuencia. “Durante años, cientos de choferes fueron víctimas de asaltos precisamente porque transportaban dinero en efectivo”, recordó Pérez Figuereo.
La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadega) ha solicitado un cambio en el esquema de comisiones, argumentando que estos cobros representan más del 25% de la utilidad bruta que obtienen por la venta de combustibles. Los detallistas proponen establecer una tarifa fija de 30 centavos por transacción, en lugar de un porcentaje variable.
Ante esta disputa, Pérez Figuereo propuso la creación de una mesa de trabajo integrada por transportistas, empresarios de combustibles, entidades bancarias y autoridades gubernamentales. El objetivo sería encontrar una solución equilibrada que garantice la seguridad de los trabajadores del volante y la viabilidad económica de las gasolineras. “Hemos avanzado en materia de seguridad y no podemos permitir volver a una situación que ponga en riesgo la vida y la integridad de los transportistas”, enfatizó.
El caso ha generado un debate nacional sobre cómo equilibrar los intereses de ambos sectores. En países como México, situaciones similares se resolvieron mediante diálogos entre los actores involucrados, logrando acuerdos que redujeron los costos asociados al uso de tarjetas. Este precedente internacional podría servir de referencia para República Dominicana.
La situación sigue en desarrollo, y se espera que en las próximas semanas se convoque una reunión oficial para abordar el conflicto. Mientras tanto, transportistas y usuarios continúan atentos a las negociaciones, conscientes de que este tema podría tener un impacto significativo en su seguridad y en la dinámica económica del país.
