El proyecto de modificación de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobado de manera acelerada por el Senado, ha generado fuertes críticas por parte del sector empresarial, que advierte sobre los riesgos económicos y laborales que podría ocasionar. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE) lidera las voces de rechazo, argumentando que la legislación fue aprobada sin estudios técnicos ni consultas adecuadas, lo que pone en peligro la competitividad y supervivencia de pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en el país.
César De los Santos, presidente de ANADIVE, señaló que la decisión se tomó sin considerar un consenso previo con las asociaciones empresariales, a diferencia de lo acordado verbalmente en el primer cuatrimestre del año. Además, criticó que el proyecto ignora aspectos clave como la equidad fiscal y el impacto en las operaciones comerciales. "Es ilusorio gravar los ingresos totales por venta cuando las empresas solo obtienen utilidades brutas después de restar los costos", explicó De los Santos, quien también destacó el riesgo de una doble tributación que afectaría aún más al sector.
El proyecto, que ahora pasará a la Cámara de Diputados, incluye aumentos significativos en las contribuciones, lo que ha sido calificado como "excesivo" por las empresas afectadas. Según ANADIVE, estas modificaciones podrían llevar a muchas MiPymes a la quiebra y afectar negativamente el clima de negocios en el país. De los Santos enfatizó la necesidad de un diálogo constructivo y una revisión técnica del proyecto para lograr una legislación más equilibrada y justa.
En el contexto nacional, el sector automotriz es uno de los más afectados, ya que ya enfrenta altas tasas impositivas y contribuciones por emisiones de gases contaminantes. La falta de consultas previas y el aumento desproporcionado en los montos a pagar han generado preocupación entre los empresarios, quienes temen que estas medidas afecten no solo sus operaciones, sino también el empleo y la economía en general.
El próximo debate en la Cámara de Diputados será crucial para definir el futuro de esta legislación. Las asociaciones empresariales esperan que se abra un espacio de diálogo técnico y constructivo para evitar que el proyecto afecte gravemente al sector productivo del país.
