Un juez ratificó la prisión preventiva de Ángel Luis Guzmán Vásquez, vinculado a una red de corrupción que desvió millones del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La decisión respalda la petición del Ministerio Público y marca un nuevo capítulo en la operación Cobra, que ha destapado uno de los mayores escándalos financieros en el sistema de salud dominicano.
Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar en el Departamento de Autorizaciones Médicas del Senasa, fue arrestado en abril pasado al intentar salir del país sin billete de regreso. Según las investigaciones, está implicado en la aprobación irregular de procedimientos médicos y consultas, lo que permitió el desvío de millones de pesos fuera de los parámetros legales.
La magistrada Lisa Veras, jueza suplente del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, rechazó las solicitudes para modificar la medida de coerción. Guzmán permanecerá bajo prisión preventiva por 18 meses, al igual que otros implicados en el caso, incluido Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y señalado como cabecilla de la red corrupta.
La operación Cobra, iniciada en diciembre pasado, ha llevado a la detención de más de una decena de personas. Entre ellas, destacan Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes también cumplen prisión preventiva. Otros acusados, como Ada Ledesma Ubiera y Cinty Acosta Sención, están bajo arresto domiciliario o medidas de garantía económica.
Las autoridades han identificado al menos 4,363 autorizaciones fraudulentas entre enero de 2021 y febrero de 2025, con montos que superan los RD$41 millones. La procuradora de Corte Mirna Ortiz ha destacado la gravedad de los hechos, que afectaron significativamente los fondos destinados a la salud pública.
El escándalo ha generado una fuerte reacción ciudadana y ha puesto en evidencia las fallas en los controles internos del Senasa. La investigación continúa avanzando, con audiencias pendientes para revisar las medidas de coerción impuestas a los implicados.
Este caso representa un esfuerzo sin precedentes para combatir la corrupción en el sistema de salud dominicano. Las autoridades han prometido mantener la firmeza en la aplicación de la justicia, mientras la sociedad espera que estos hechos marquen un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad.
