Las escuelas abandonadas en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se han convertido en un foco de preocupación nacional. Más de una docena de edificaciones educativas permanecen paralizadas y en estado de deterioro desde hace más de 12 años, según denunció la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Estas estructuras, iniciadas durante la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ahora son usadas como establos, centros de reunión para personas con adicciones y hasta puntos de venta de sustancias ilícitas, generando alarma en las comunidades cercanas. Con el inicio del año escolar a la vista, la ADP exige acciones urgentes al Gobierno y al Ministerio de Educación (Minerd) para resolver esta crisis.
El presidente de la ADP en Cotuí, Andrés Abreu, reveló que estas construcciones, destinadas a mejorar la infraestructura educativa local, fueron abandonadas sin explicación clara. "Estos espacios han sido invadidos por animales y personas que buscan refugio, mientras las autoridades miran hacia otro lado", afirmó. La situación no solo afecta el acceso a una educación digna, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los residentes, especialmente los jóvenes estudiantes.
La ADP ha realizado múltiples reuniones con las autoridades educativas para exigir la reanudación de las obras, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas concretas. Además, el gremio denunció posibles irregularidades administrativas en la Dirección Regional de Educación 16, que abarca las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. Según la organización, se han realizado traslados y ascensos de personal sin criterios claros, lo que ha generado un clima de desorden y politización en el sector educativo.
Ante esta situación, la ADP anunció que está organizando movilizaciones para exigir mejoras en el sistema educativo y el cumplimiento de los compromisos pendientes. "Defendemos una educación justa y moderna, acorde con los desafíos de la era digital", declaró Abreu. El gremio también solicitó al Minerd que realice auditorías para investigar las denuncias de irregularidades y garantice el cumplimiento de la Ley General de Educación y el Estatuto Docente.
Con el inicio del año escolar a la vuelta de la esquina, la comunidad educativa de Cotuí espera una solución rápida y efectiva. La ADP advirtió que el deterioro de los centros educativos y la falta de acciones concretas podrían afectar gravemente la calidad de la enseñanza en la región. El llamado a las autoridades es claro: es tiempo de actuar antes de que esta crisis educativa se convierta en un problema irreversible.
