Nueva ley penal se estanca mientras criminalidad avanza: procuradora exige acción urgente
La Procuradora General de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, alertó que retrasar la implementación del nuevo Código Penal —programado para agosto— beneficiará únicamente a los delincuentes. La fiscal insistió en que la legislación vigente, creada en 1884, es incapaz de combatir crímenes modernos como el crimen organizado y los delitos digitales.
"Estamos juzgando la realidad del siglo XXI con herramientas del siglo XIX", declaró Reynoso a través de redes sociales, tras criticar las presiones de grupos que buscan modificar artículos clave de la reforma antes de su aplicación. La ley, aprobada en 2025, reemplazaría un texto obsoleto que no contempla fenómenos como el lavado de dinero, la ciberdelincuencia o las redes de narcotráfico.
Legislación en riesgo
Autoridades judiciales han respaldado públicamente la necesidad de actualizar el marco legal. Según datos del Ministerio Público, el 60% de los casos vinculados a tecnología o crimen organizado enfrentan obstáculos procesales debido a vacíos legales. El nuevo código, explicó Reynoso, incorpora mecanismos para agilizar investigaciones y endurecer penas en delitos como la violencia de género y la corrupción administrativa.
El llamado de la procuradora llega en un contexto de creciente inseguridad: solo este año, los homicidios aumentaron un 12% respecto a 2025, según cifras preliminares de la Policía Nacional. Sectores empresariales y organismos internacionales también han pedido acelerar la reforma para fortalecer la inversión y el Estado de derecho.
¿Última oportunidad?
Aunque el Congreso mantiene la fecha prevista para la implementación, grupos religiosos y parlamentarios conservadores insisten en revisar artículos sobre aborto, eutanasia y derechos LGBTIQ+. Reynoso pidió "priorizar el interés nacional" y recordó que los cambios podrían debatirse posteriormente sin paralizar la ley.
Expertos advierten que un nuevo retraso afectaría la eficacia de las fiscalías y minaría la confianza en el sistema judicial. Mientras el reloj avanza, la pregunta es clara: ¿Podrá el país modernizar su justicia o seguirá anclado en el pasado?
