Policía requisó irregularmente a turista y ella juró no volver

Policía requisó irregularmente a turista y ella juró no volver

Turista estadounidense denuncia requisa abusiva de policía dominicano en video viral

Un agente de la Policía Nacional dominicana protagoniza un nuevo escándalo tras aparecer en un video realizando una requisa irregular a una turista estadounidense, lo que ha desatado indignación en redes sociales y pone en entredicho los protocolos de seguridad en zonas turísticas. Las imágenes muestran al uniformado manipulando agresivamente las pertenencias de la mujer dentro de un vehículo, arrojando objetos al suelo mientras ella graba la situación con visible incredulidad.

El incidente, captado en video por la propia afectada, revela cómo el agente inspecciona sin explicaciones claras la cartera de la turista, ignorando las protestas de los acompañantes. Uno de ellos interviene para aclarar que un pequeño envoltorio encontrado contenía azúcar, no sustancias ilícitas. La mujer, visiblemente afectada, declaró en inglés que no volverá al país por esta experiencia, mientras el policía alegó no comprender el idioma.

Este caso llega en medio de crecientes reclamos por presuntos abusos policiales en el país. Expertos jurídicos señalan que la actuación del agente viola al menos tres normas: el artículo 44 de la Constitución (que protege la inviolabilidad del domicilio y pertenencias), el artículo 175 del Código Procesal Penal (que exige motivos fundados para registros) y el artículo 176 (que obliga a informar al ciudadano y preservar su dignidad durante la requisa). Ninguna de estas condiciones parece haberse cumplido, según se observa en las imágenes.

Autoridades policiales no se han pronunciado oficialmente, pero el video ya ha generado preocupación por su impacto en el turismo, sector clave para la economía dominicana. En los últimos años, varios casos de agentes involucrados en extorsiones o maltratos a extranjeros han dañado la imagen del destino.

El Ministerio de Turismo enfrenta ahora el desafío de contener el daño reputacional, mientras organizaciones civiles exigen una investigación inmediata y sanciones ejemplares. El silencio institucional podría agravar la crisis de confianza en un país donde el 30% del PIB depende del sector turístico.

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