La Policía Nacional ha desarticulado un intento de fraude inmobiliario valorado en 4.6 millones de pesos en la región de Cibao Central, deteniendo a dos presuntos implicados. La operación, coordinada por el destacamento de la Plaza Valerio, destapó una trama de falsificación de documentos y venta fraudulenta de propiedades, un delito que preocupa a las autoridades por su potencial impacto en el mercado inmobiliario nacional.
Los detenidos, identificados como Tomás Norberto Lantigua Pineda, de 41 años, y Rosa Inés Sánchez Batista, de 35 años, residen en el sector Los Minas, Santo Domingo Este. Según el informe preliminar, ambos acudieron el pasado 19 de mayo a una oficina de abogados en Santiago para concretar la venta de un inmueble utilizando documentos presuntamente falsificados. Como parte del trato, recibieron dos cheques por un total de 2.6 millones de pesos emitidos por una entidad bancaria de la capital.
Sin embargo, el intento de cobrar esos cheques levantó sospechas y activó una investigación policial. Agentes de la división de delitos contra la propiedad ejecutaron un operativo que culminó con la captura de los implicados en flagrante delito. Durante el arresto, se incautaron copias de cédulas de identidad falsas, títulos de propiedad y otros documentos notariales que presentaban indicios de adulteración. Los detenidos se desplazaban en un vehículo marca SsangYong Rexton RX270 al momento de la intervención.
Este caso se enmarca en un contexto nacional donde el fraude inmobiliario ha sido identificado como una problemática creciente. Las autoridades han intensificado las operaciones contra este tipo de delitos, los cuales no solo afectan a los propietarios legítimos, sino que también erosionan la confianza en el mercado de bienes raíces. Según fuentes policiales, las redes fraudulentas suelen aprovechar la complejidad de los trámites legales y la falta de verificación detallada para cometer sus actos.
Las pruebas recopiladas y los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público en los próximos días, donde se espera que se inicien los procedimientos judiciales correspondientes. Este caso podría sentar un precedente en la lucha contra el fraude inmobiliario en el país, especialmente en un momento en el que las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de estos delitos.
