Organizaciones sociales y religiosas han interpuesto una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Tribunal Constitucional dominicano para desafiar artículos clave del Código Penal que criminalizan el aborto incluso cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo. Este recurso, respaldado por casos emblemáticos de muertes maternas, busca alinear la legislación con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución del país, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre la despenalización del aborto en circunstancias extremas.
El Código Penal vigente, que data de 2023, prohíbe el aborto en todas sus formas, incluidas situaciones donde la vida de la mujer está en peligro. Las organizaciones argumentan que esta disposición obliga a médicos y centros de salud a negar atención médica crítica por temor a represalias legales. Un caso citado es el de Damaris Mejía, quien falleció en 2012 tras ser rechazada en tres hospitales durante un embarazo de alto riesgo. Situaciones similares han ocurrido en el país, incluyendo el de Esperancita, una adolescente cuyo embarazo le costó la vida por falta de atención oportuna.
Las entidades detrás de la acción, entre ellas la Alianza Cristiana Dominicana, Católicas por el Derecho a Decidir República Dominicana y la madre de Esperancita, sostienen que el artículo 37 de la Constitución, que protege la vida desde la concepción, no debe interpretarse de manera absoluta. En cambio, proponen una lectura armónica que respete otros derechos fundamentales, como la dignidad humana, la salud y la integridad física de las mujeres. “La Constitución no exige elegir entre la vida de la mujer y la vida prenatal, sino proteger ambos cuando sea posible”, señalaron representantes legales.
El recurso también cuestiona el artículo 111 del Código Penal, que exige agotar todos los medios científicos y técnicos disponibles antes de interrumpir un embarazo en casos de riesgo. Según las organizaciones, esta disposición retrasa la atención médica y pone en peligro a mujeres, especialmente en áreas rurales y de bajos recursos. Además, argumentan que el ordenamiento jurídico ya reconoce excepciones similares, como la legítima defensa, donde la protección de un bien no implica la destrucción de otro.
Las implicaciones de esta acción legal podrían ser significativas. Si el Tribunal Constitucional falla a favor de las organizaciones, se abriría un camino para revisar la criminalización del aborto en circunstancias excepcionales, como cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo. Sin embargo, las entidades aclararon que no buscan eliminar la protección de la vida prenatal, sino garantizar que su interpretación no vulnere otros derechos fundamentales.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre el acceso a la salud reproductiva y los derechos de las mujeres en contexto de embarazos de alto riesgo. Las organizaciones esperan una pronta resolución del Tribunal Constitucional, que podría marcar un precedente en la interpretación de los derechos fundamentales en República Dominicana.
