El expresidente peruano Ollanta Humala recuperó su libertad este viernes tras el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la sentencia de 15 años de prisión por lavado de activos, un caso que ha sacudido el panorama político del país andino. El máximo órgano judicial determinó que no había pruebas suficientes para mantenerlo detenido, poniendo fin a un proceso que se había iniciado en 2025 y que involucraba presuntos fondos ilícitos en sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Humala, quien salió de prisión vestido con un traje azul y abordando un automóvil plateado, afirmó ante los medios que él, su familia y su partido político habían sido víctimas de “persecución política y judicial”. El exmandatario, de 64 años, había sido condenado junto a su esposa, Nadine Heredia, por recibir dinero de la empresa brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela durante su carrera política. Heredia, quien no se presentó al juicio, buscó asilo en Brasil junto a su hijo de 15 años.
El Tribunal Constitucional basó su decisión en un argumento clave: la conducta por la que Humala fue condenado, conocida como receptación patrimonial, fue tipificada como delito recién en 2016. Este mismo criterio había sido aplicado meses atrás en el caso de la actual presidenta Keiko Fujimori, quien también había sido investigada por presuntos ingresos ilícitos para su campaña electoral en 2016.
La polémica sentencia inicial, emitida el 15 de abril de 2025, había condenado a Humala y su esposa a 15 años de prisión por operaciones financieras irregulares. Según la Corte Superior Nacional, la pareja habría recibido 3,6 millones de dólares de fuentes cuestionables, utilizando más de 100 personas para ocultar el origen del dinero. Muchos de estos supuestos aportantes ni siquiera sabían que habían sido involucrados en el esquema hasta que fueron llamados a declarar.
El caso de Humala se suma a una serie de procesos judiciales contra exmandatarios peruanos. Actualmente, la misma cárcel donde estuvo recluido alberga a Alejandro Toledo, condenado a 20 años por lavado de activos; Martín Vizcarra, quien cumplirá 14 años por corrupción; y Pedro Castillo, sentenciado a 11 años por conspiración para una rebelión. Estos casos han marcado un precedente en la lucha contra la corrupción en el país sudamericano.
La importancia de este fallo va más allá del ámbito judicial, pues refleja las tensiones políticas y sociales que han caracterizado a Perú en los últimos años. La liberación de Humala podría generar un debate sobre la independencia judicial y el uso de la justicia como herramienta política, un tema que ha sido recurrente en la historia reciente del país.
El Tribunal Constitucional ha puesto fin, por ahora, a uno de los capítulos más controvertidos de la política peruana. Sin embargo, las implicaciones de este caso seguirán resonando en la opinión pública y en el sistema judicial, especialmente en un contexto donde la transparencia y la integridad de los líderes políticos continúan siendo cuestionadas.
