El nuevo Código Penal dominicano, recientemente aprobado, ha generado un intenso debate nacional por la inclusión de delitos inusuales como la brujería y el robo de cadáveres, junto con penas que podrían llevar a un aumento significativo de la población carcelaria. Expertos jurídicos advierten que el texto legal, aunque considerado en gran medida positivo, contiene disposiciones controvertidas que podrían tener un impacto profundo en el sistema judicial y penitenciario del país.
Entre las nuevas figuras delictivas destacan la penalización de prácticas como la brujería, el robo de cadáveres y ataúdes, con penas que van desde 5 hasta 10 años de prisión. Estas medidas buscan combatir actividades que, aunque poco conocidas, han estado presentes en el país de manera clandestina durante años. Sin embargo, abogados como Amadeo Peralta han cuestionado la eficacia de estas sanciones, calificándolas incluso de "chistosas" por su naturaleza poco convencional.
El aumento de los delitos tipificados, que asciende a 73 nuevos casos, junto con la posibilidad de acumulación de penas que podrían extenderse hasta 60 años, ha llevado a los expertos a alertar sobre la necesidad de expandir la infraestructura carcelaria. Según Peralta, el Gobierno deberá construir entre siete y ocho nuevas prisiones para 2027, lo que implicará un aumento en los recursos destinados al mantenimiento de los centros penitenciarios y la designación de más jueces y personal administrativo.
Otro aspecto que ha generado polémica es la penalización de relaciones sexuales no consensuadas entre parejas, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión. Peralta destacó que disposiciones como esta, junto con la prohibición de mantener relaciones bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, podrían generar conflictos y dificultades en su aplicación práctica. "Son situaciones que ocurren en un espacio privado y que podrían derivar en acciones violentas", señaló.
Por otro lado, el Código también ha puesto sobre la mesa nuevas responsabilidades para los médicos. La emisión de certificados o recetas médicas falsas podría llevar a condenas de uno a dos años de prisión, incluso si los profesionales actúan de buena fe ante pacientes que mienten sobre su estado de salud. Además, las malas prácticas médicas podrían enfrentar sanciones más drásticas, incluyendo la suspensión o cancelación de licencias para clínicas y personal médico.
En materia de violencia de género, se ha planteado la sustitución de las tradicionales órdenes de alejamiento por grilletes electrónicos para los agresores y dispositivos de alerta para las víctimas. Esta medida buscaría prevenir ataques al permitir a las mujeres recibir avisos cuando el agresor se acerque a una distancia prohibida, ofreciendo así mayor seguridad y tiempo para solicitar ayuda.
El nuevo Código Penal se presenta como un esfuerzo por modernizar el sistema legal dominicano, aunque sus implicaciones prácticas aún generan dudas. La implementación de estas normas requerirá no solo una ampliación de la infraestructura judicial y penitenciaria, sino también una intensa campaña de educación ciudadana para evitar malentendidos y garantizar su correcta aplicación. El Gobierno tiene ante sí el desafío de equilibrar la disuasión del delito con la necesidad de evitar un colapso del sistema carcelario y judicial.
