Nueva normativa electrónica obligará a todas las compras del Estado a realizarse por plataforma digital
A partir del 1 de julio, todas las instituciones públicas deberán gestionar sus compras y contrataciones exclusivamente a través de un sistema electrónico centralizado, bajo pena de nulidad o sanciones. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aprobó un reglamento que convierte la plataforma digital en el único canal válido para estos procesos, en un esfuerzo por blindar la transparencia y combatir irregularidades.
La medida, de aplicación obligatoria para todas las entidades sujetas a la Ley 47-25, busca eliminar discrepancias y garantizar la trazabilidad de cada procedimiento. Autoridades destacan que el sistema será monitoreado en tiempo real por órganos de control y ciudadanos, reforzando la rendición de cuentas. "Cualquier falla o vulneración en la plataforma se investigará como asunto de seguridad nacional", advierte el texto, al calificar la infraestructura como "crítica" para el gasto público.
El reglamento establece que documentos y firmas digitales tendrán plena validez legal, siempre que cumplan con requisitos de autenticidad e integridad. Las excepciones aplicarán únicamente en casos de fallos técnicos debidamente justificados o en contrataciones amparadas por leyes especiales. La DGCP ya había emitido antes normas sobre sanciones administrativas y el registro de proveedores, completando así un marco regulatorio más estricto.
Analistas anticipan que la digitalización total acelerará los procesos, pero requerirá capacitación masiva en instituciones con menor desarrollo tecnológico. Mientras, grupos anticorrupción celebran la medida como un avance hacia una gestión pública "a prueba de opacidades". La plataforma, cuya operación será auditada periódicamente, promete reducir en un 30% los tiempos de licitación, según estimaciones oficiales.
Este cambio llega en un contexto de creciente escrutinio a las compras estatales, tras casos recientes de sobreprecios y adjudicaciones opacas. Las autoridades no descartan ajustes técnicos durante los primeros meses de implementación, aunque insisten en que no habrá prórrogas para su adopción.
