El sargento mayor retirado Jorge Aníbal Peña ha denunciado públicamente ser víctima de una presunta persecución por parte de un grupo de agentes policiales durante el último año. Además, asegura que le fue confiscada ilegalmente su motocicleta hace tres años. El exmilitar, quien afirma no tener "nada que esconder", ha solicitado la intervención del presidente Luis Abinader para resolver su caso, según declaraciones ofrecidas a medios locales.
Peña, integrante de las Fuerzas Armadas durante su carrera activa, asegura que no ha cometido ningún delito ni violado las leyes del país. "No entiendo por qué lo hacen", declaró en referencia a las acciones de los agentes involucrados. Aunque no especificó detalles concretos sobre las circunstancias de la persecución, su relato ha encendido un debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad y el tratamiento hacia los exmilitares.
Este caso se enmarca en un contexto nacional donde se han incrementado las denuncias ciudadanas por abuso de autoridad y acciones arbitrarias por parte de algunos miembros de la policía. Autoridades del sector han prometido investigar cualquier irregularidad y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos. Sin embargo, todavía no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación de Peña.
La posibilidad de que un exmilitar sea blanco de presuntas acciones injustificadas podría generar repercusiones institucionales, especialmente en un país donde las Fuerzas Armadas tienen un peso histórico y simbólico importante. La situación también pone en foco la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro de los cuerpos de seguridad.
El caso sigue en desarrollo y se espera que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Mientras tanto, Peña ha decidido hacer pública su situación, buscando justicia y protección ante lo que describe como una persecución injustificada.
