Un sargento mayor del Ejército de la República Dominicana acusado de matar a tiros a su pareja sentimental recibió el alta médica este martes, tras haber sido hospitalizado por presunta intoxicación. El militar, identificado como Tony Vallejo Méndez, permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición de la justicia para enfrentar cargos por feminicidio. El caso ha conmocionado al país y vuelve a poner el foco en la violencia de género en la nación caribeña.
El incidente ocurrió la madrugada del lunes en el estacionamiento del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde la víctima, Nancy Sánchez Gálvez, había acudido en busca de atención médica tras un altercado previo en su hogar. Según testigos y familiares, Vallejo Méndez la persiguió para evitar que lo denunciara por agresión. Durante el trágico suceso, otra mujer, Marilenmy Cuello, resultó herida y continúa bajo atención médica.
El portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el militar fue dado de alta y está bajo custodia de la Dirección Central de Investigación (DICRIM). “La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del caso”, aseguró el oficial. Además, destacó que Vallejo Méndez será presentado ante las autoridades judiciales en las próximas horas.
Este caso se suma a la preocupante cifra de feminicidios en República Dominicana, donde la violencia contra las mujeres sigue siendo un grave problema social. Según estadísticas oficiales, el país registra decenas de casos anuales, muchos de los cuales involucran a parejas o ex parejas de las víctimas. Organizaciones de derechos humanos han llamado reiteradamente a fortalecer las medidas de protección y prevención.
La madre de la fallecida, Teodora Sánchez, relató que su hija había decidido buscar ayuda médica tras una discusión violenta en su hogar. “Ellos no quieren que lo denuncien y actúan”, lamentó, refiriéndose a los agresores en casos de violencia de género. Su testimonio subraya la necesidad de mejorar los sistemas de protección para las mujeres que deciden denunciar abusos.
Este caso podría generar nuevas discusiones sobre las políticas de seguridad y justicia en materia de violencia de género, especialmente en contextos donde los agresores pertenecen a instituciones militares o policiales. Las autoridades han prometido transparencia en la investigación, un paso crucial para restaurar la confianza pública en el sistema de justicia.
