Madre extranjera retenida en hospital tras parto por documentos falsos: padre dominicano del bebé evita su deportación
Una joven extranjera dio a luz en un hospital de San Pedro de Macorís y fue retenida por Migración al descubrirse que su documentación era falsa. Sin embargo, evitó la deportación al comprobarse que el padre de su hijo es dominicano, según confirmaron autoridades.
La Dirección General de Migración (DGM) detalló que la madre de la joven presentó una cédula adulterada, invalidando toda su identificación. La Junta Central Electoral certificó la falsificación, lo que activó el protocolo migratorio. Pese a ello, la parturienta permaneció 16 días hospitalizada por complicaciones de preeclampsia, mientras las autoridades verificaban el vínculo paterno del recién nacido con un ciudadano local.
El caso reabre el debate sobre el tratamiento de mujeres embarazadas en condición migratoria irregular. La DGM insiste en que actuó conforme a la ley, priorizando la unidad familiar y evaluando cada situación con equipos multidisciplinarios que incluyen psicólogos, abogados y colaboración con UNICEF y CONANI.
Protocolos y controversias
Según el procedimiento estándar, las parturientas sin estatus legal son trasladadas a centros migratorios tras 72 horas (parto natural) o 7 días (cesárea), siempre que su estado médico lo permita. En el Centro de Procesamiento de Haina, disponen de áreas climatizadas, vigilancia y atención médica continua antes de una eventual repatriación en buses adaptados, con provisiones básicas.
Este episodio ocurre en un contexto de tensiones recurrentes por la política migratoria dominicana, que combina controles fronterizos estrictos con excepciones para casos con arraigo familiar. La institución reiteró su compromiso con "la dominicanidad" y el debido proceso, aunque organizaciones civiles cuestionan la rigidez de los plazos para mujeres en postparto.
La resolución del caso dependió de un factor clave: la nacionalidad del progenitor. De no haberse demostrado el parentesco con un dominicano, la deportación habría sido inevitable. La DGM advierte que seguirá aplicando la ley "sin excepciones" ante el uso de documentos fraudulentos.
