Aurelio Valdez Alcántara, un hombre llamado a proteger la ley, se sienta este lunes en el banquillo de los acusados tras protagonizar un escándalo de extorsión que parece extraído de un guion cinematográfico. El fiscal no solo habría puesto precio a la justicia, sino que demostró una ambición insaciable al rechazar ofertas de vehículos de gama alta por considerarlos "insuficientes" para el tamaño de su favor.
La investigación, liderada por el procurador Wilson Camacho, revela que Valdez Alcántara negoció inicialmente un soborno de 200,000 dólares, cifra que luego "rebajó" a 150,000 tras un encuentro clandestino el 13 de marzo en el parqueo de Plaza Lama. Durante la reunión, el fiscal habría utilizado información privilegiada para coaccionar al testigo Roberto Canaán, exigiendo además un reloj Rolex y un vehículo Mercedes Benz 350 o 450 de color negro.
“El investigado rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en un Mercedes Benz negro”, detalla el expediente judicial autorizado por la jueza Ysis Muñoz. La presión del fiscal era constante y directa; mediante llamadas telefónicas, acosaba a su víctima con una frase que hoy es prueba clave en su contra: “¿Para cuándo está la cosa?”, estableciendo plazos fatales para la entrega del botín.
La caída del funcionario se selló el pasado viernes con un allanamiento en su residencia del sector Amanda II, en Santo Domingo Este, tras confirmarse su presunta violación a los artículos del Código Penal sobre soborno y la Ley 155-17 de Lavado de Activos. Este proceso no solo pone en juego la libertad de Valdez Alcántara, sino que sacude los cimientos de integridad del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción.
El dictamen de este lunes marcará el destino de un fiscal que, en su búsqueda por el lujo absoluto, terminó encontrando el camino hacia una celda.
