Exfuncionarios y empresario enfrentarán juicio por corrupción en millonario caso de contratos viales
Un tribunal dominicano ordenó este viernes el enjuiciamiento de Hugo Beras, exdirector del Intrant, y el empresario Jochi Gómez, en un escándalo de presunta corrupción que involucra contratos por más de 2,600 millones de pesos. La decisión judicial marca un punto de inflexión en la Operación Camaleón, la mayor investigación anticorrupción de los últimos años en el país.
Los acusados enfrentan cargos por lavado de activos y administración fraudulenta, aunque el tribunal descartó el delito de terrorismo por falta de sustento. Fuentes judiciales confirmaron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron consideradas suficientes para avanzar hacia un juicio oral.
La defensa de Beras, liderada por la abogada Laura Acosta, calificó el fallo como "una etapa procesal" y mantuvo la presunción de inocencia de su cliente. "En el juicio se determinará la culpabilidad o no. Hoy solo se confirma que hay elementos para continuar", declaró Acosta, quien elogió la rigurosidad de la magistrada.
Por su parte, los abogados de Gómez celebraron la exclusión del cargo de terrorismo, pero cuestionaron la acusación de estafa al Estado. "No hay perjuicio económico demostrado. El propio Estado adeuda pagos por esos contratos", argumentó un representante legal.
El caso gira en torno a presuntas irregularidades en contratos de infraestructura vial durante la gestión de Beras en el Intrant (2016-2020). Auditorías revelaron discrepancias de hasta 70% entre lo ejecutado y lo reportado, aunque los contratistas alegan cumplimiento del 90%.
Expertos consultados señalan que este proceso podría redefinir los controles sobre la contratación pública en República Dominicana, donde casos similares han generado pérdidas millonarias. Las próximas audiencias determinarán si las pruebas sustentan lo que la fiscalía describe como "una red sistemática de desvío de fondos".
El juicio, previsto para los próximos meses, se perfila como una prueba clave para el sistema judicial dominicano en su lucha contra la corrupción de alto perfil.
