República Dominicana en pie de guerra por acuerdo migratorio con EE.UU.
El Instituto Duartiano denuncia irregularidades en un polémico memorando que permitiría el ingreso temporal de deportados extranjeros, saltándose la aprobación del Congreso.
El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, ha levantado la voz contra el memorando de entendimiento firmado entre República Dominicana y Estados Unidos, que autoriza la entrada temporal de hasta 30 deportados mensuales de terceros países. Gómez asegura que el acuerdo—excluyendo expresamente a haitianos y menores no acompañados—debía haber sido sometido al Congreso Nacional, tal como exige la Constitución para pactos que afecten la soberanía.
Un acuerdo bajo la lupa
El convenio, enmarcado en la iniciativa "Escudo de las Américas", obliga al país a recibir ciudadanos de otras naciones deportados por EE.UU., una medida que, según Gómez, carece de respaldo en la Ley 285-04 de Migración. "Esto implica asumir responsabilidades bilaterales sin transparencia", declaró durante un homenaje al prócer Ramón Matías Mella en el Parque Independencia.
La sombra de la inconstitucionalidad
El líder duartiano insistió en que la Carta Magna es clara: todo acuerdo internacional que impacte la soberanía dominicana requiere aprobación legislativa previa. "Es un procedimiento irregular", denunció, al tiempo que cuestionó los motivos reales detrás del memorando. Aunque el gobierno estadounidense ha defendido el pacto como parte de esfuerzos regionales, críticos lo ven como una imposición que vulnera la autonomía migratoria del país.
Legado y advertencia
El acto donde Gómez hizo estas declaraciones conmemoraba el 162 aniversario de la muerte de Mella, héroe de la Restauración. Entre discursos sobre patriotismo, el mensaje fue claro: "No permitiremos que acuerdos opacos manchen nuestra soberanía". Mientras, sectores políticos exigen claridad sobre los términos reales del memorando y sus consecuencias a largo plazo.
Con la polémica en ascenso, el debate promete escalar a instancias judiciales si el Ejecutivo no justifica legalmente el procedimiento. Por ahora, la sombra de la duda planea sobre un acuerdo que, para muchos, podría redefinir las fronteras de la política migratoria dominicana.
