El líder del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, ha exigido al presidente Luis Abinader paralizar una licitación de más de 864 millones de pesos dominicanos para adquirir 120 autobuses destinados al Servicio de Transporte Estudiantil (Trae). Hubieres denuncia que el proceso favorece a grandes empresas y margina a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), lo que, según él, perpetúa una supuesta "estafa millonaria" contra el Estado.
El contrato, que busca comprar unidades de 30 y 32 pasajeros, requiere una garantía de 125 millones de pesos, cifra que, según Hubieres, resulta inalcanzable para las Mipymes. El líder sindical afirmó que esta licitación beneficia a compañías como Troy Moto, Magna Motor y al senador Antonio Marte, a quienes acusa de aprovechar sus influencias para enriquecerse ilegítimamente con recursos públicos.
Hubieres propuso dividir la licitación en lotes más pequeños para permitir la participación de empresarios individuales y Mipymes. Argumentó que esta medida no solo fomentaría la competitividad, sino que también beneficiaría a familias vulnerables, quienes podrían recibir ingresos mensuales de hasta 100 mil pesos para mejorar su calidad de vida.
El dirigente también cuestionó la legitimidad de algunas empresas involucradas, calificando a Troy Moto como una "empresa fantasma" y acusando al senador Marte de usar su cargo para acumular riquezas. Estas declaraciones han reavivado el debate sobre la transparencia en las contrataciones públicas y el papel de los grandes empresarios en el sector transporte.
El Servicio de Transporte Estudiantil, creado para facilitar el acceso a la educación pública, ha sido elogiado por su impacto social. Sin embargo, las acusaciones de Hubieres ponen en duda la integridad del programa y su administración. Las autoridades aún no han respondido públicamente a estas denuncias, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos desarrollos en este controvertido caso.
Mientras tanto, el llamado de Hubieres ha generado repercusión en sectores políticos y sociales, especialmente entre los grupos que defienden una mayor inclusión de las pequeñas empresas en las licitaciones públicas. El futuro de esta compra de autobuses dependerá ahora de las decisiones que tomen tanto el Gobierno como las instituciones encargadas de supervisar estos procesos.
