Gobierno dominicano aprueba reforma histórica al Código Penal y crea comisión de seguimiento
El presidente Luis Abinader promulgó anoche las modificaciones al Código Penal dominicano, marcando un hito en la modernización del sistema judicial del país. La reforma, respaldada por el Congreso, introduce cambios clave en delitos como violencia de género, ciberacoso y corrupción, mientras se establece un equipo de expertos para garantizar su correcta implementación.
La nueva legislación, que sustituye una normativa obsoleta de 1884, fue aprobada tras un proceso de revisión técnica y consenso político. Entre las reformas destacan la tipificación del hostigamiento cibernético, la violencia intrafamiliar y la responsabilidad penal de empresas, respondiendo a demandas sociales y jurídicas pendientes.
Comisión de alto nivel para vigilar aplicación
El decreto 507-26 crea una comisión de seguimiento presidida por Milton Ray Guevara, exjefe del Tribunal Constitucional, e integrada por juristas y directores de medios como Persio Maldonado (El Nuevo Diario) y Aníbal de Castro (Diario Libre). Su misión: monitorear la aplicación del código, socializar sus contenidos y proponer ajustes futuros.
Según el Gobierno, esta medida refuerza el compromiso con "la protección de derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional". La Presidencia destacó que las enmiendas fueron analizadas en profundidad por ambas cámaras legislativas antes de su ratificación urgente esta semana.
Delitos priorizados y cambios clave
Las reformas abarcan desde delitos sexuales hasta financieros. Se endurecen penas por exhibicionismo, acoso agravado y difusión ilícita de contenido íntimo. También se actualizan figuras como el autosecuestro, la malversación de fondos públicos y la discriminación, con sanciones más severas.
En el ámbito social, destacan nuevos artículos sobre abandono de menores y violencia doméstica, mientras que en lo económico, se precisan delitos como bancarrota fraudulenta y falsificación de certificados médicos.
Próximos pasos
La comisión iniciará inmediatamente labores de difusión ciudadana, mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial adaptarán protocolos. Analistas prevén que la reforma podría reducir impunidad en casos de corrupción y violencia de género, aunque su impacto real dependerá de la aplicación efectiva.
Con esta medida, República Dominicana se alinea con estándares internacionales en justicia penal, cerrando una brecha legal de casi 140 años. Las autoridades aseguran que el proceso seguirá abierto a ajustes según los resultados observados.
