Gobierno dominicano prohíbe importación de productos fabricados con trabajo esclavo
El presidente Luis Abinader firmó un decreto histórico que bloquea la entrada al país de cualquier mercancía producida con mano de obra forzada. La medida, que entra en vigor inmediatamente, convierte a República Dominicana en uno de los primeros países de la región en tomar acciones concretas contra la esclavitud moderna en las cadenas de suministro globales.
La Dirección General de Aduanas (DGA) recibió autorización para confiscar, reexportar o destruir cargamentos sospechosos, incluso si ya están en puertos locales o en tránsito. Las autoridades podrán actuar con base en denuncias, evidencias internacionales o investigaciones propias, según confirmaron fuentes gubernamentales.
El decreto 502-26 obliga a crear un registro público de empresas y productos vetados, con sanciones aún por especificar para quienes intenten burlar la prohibición. "No seremos cómplices del abuso laboral disfrazado de comercio", declaró un alto funcionario bajo condición de anonimato.
La normativa refuerza la cooperación con organismos como la ONU y la OIT, además de coordinar acciones con los ministerios de Trabajo, Relaciones Exteriores y Justicia. Esto permitirá cruzar datos con listas negras de otros países y rastrear patrones de explotación en sectores textiles, agrícolas o manufactureros.
Expertos en derechos humanos calificaron la decisión como un avance clave, especialmente tras denuncias recientes sobre cultivos en el Caribe y maquilas centroamericanas que usan mano de obra cautiva. Solo en 2023, la OIT registró 28 millones de víctimas de trabajo forzoso en el mundo, con ganancias ilegales que superan los 150 mil millones de dólares anuales.
El impacto económico aún es incierto, pero se anticipan tensiones con socios comerciales cuyas exportaciones podrían ser revisadas. El gobierno aclaró que priorizará el diálogo con las naciones afectadas para evitar conflictos diplomáticos.
Esta medida coloca al país a la vanguardia legislativa en América Latina, donde solo Brasil y Chile tienen regulaciones similares. Analistas prevén que la norma podría extenderse a productos fabricados con trabajo infantil o en condiciones inhumanas en futuras actualizaciones.
