El Gobierno dominicano ha entregado más de RD$360 millones para pagar prestaciones laborales pendientes a antiguos empleados de Falconbridge Dominicana (Falcondo), en un esfuerzo por resolver una deuda histórica que afectaba a trabajadores cesantes y pensionados en la provincia de Monseñor Nouel. El acto, celebrado en Bonao, contó con la presencia de altos funcionarios y marcó un hito en la atención a reclamos laborales que llevaban años sin solución.
La iniciativa, coordinada por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), busca saldar compromisos económicos acumulados con empleados que formaron parte de la empresa minera. El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, destacó que esta acción refleja el compromiso del presidente Luis Abinader con los derechos de los trabajadores y resaltó la importancia del diálogo entre el Estado y los representantes laborales para alcanzar soluciones efectivas.
El evento también contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora de Monseñor Nouel, Adela Tejada; y el alcalde de Bonao, Eberto Núñez. Además, asistieron otras autoridades y representantes vinculados al proceso, quienes respaldaron los esfuerzos gubernamentales para atender las demandas de los exempleados de Falcondo.
Los recursos entregados están destinados a cubrir las prestaciones correspondientes a trabajadores cesantes y pensionados, en cumplimiento de compromisos laborales pendientes desde hace años. Esta medida busca no solo resolver un problema económico para los afectados, sino también fortalecer la confianza en las instituciones públicas y su capacidad para responder a las necesidades ciudadanas.
Este paso forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno para atender reclamos laborales históricos, especialmente en sectores como la minería, donde los trabajadores han enfrentado desafíos para obtener el reconocimiento de sus derechos. La entrega de los fondos subraya la importancia de la coordinación interinstitucional y el diálogo como herramientas clave para resolver conflictos sociales.
La iniciativa ha sido recibida con optimismo por los beneficiarios, quienes durante años esperaban el cumplimiento de sus derechos laborales. Este avance podría sentar un precedente para futuras acciones similares en otros sectores, reforzando la importancia de garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias en todo el país.
El Gobierno ha reiterado su compromiso de seguir trabajando en la solución de otros casos pendientes, asegurando que este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia para fortalecer los derechos laborales y promover la justicia social en la República Dominicana.
