El gasto diario en nómina pública en República Dominicana alcanzó niveles alarmantes, superando los 29 mil millones de pesos mensuales en junio de 2026. Este monto representa un aumento del 100% en comparación con los registros de agosto de 2020, según datos oficiales citados por expertos. La situación ha generado preocupación entre analistas económicos y autoridades, quienes señalan un descontrol significativo en la gestión de empleados estatales.
El incremento, que se traduce en 6 millones de pesos adicionales diarios, ha sido atribuido a la rápida expansión de la nómina en instituciones clave como el Ministerio de Turismo, cuya plantilla de empleados se multiplicó por cinco desde 2020. Otras entidades, como la Presidencia de la República y el Ministerio de Administración Pública, también registraron aumentos superiores al 200%, según cifras oficiales de la Dirección General de Presupuesto.
En paralelo, la cantidad de empleados públicos ha crecido en 124,051 personas en los últimos seis años, lo que equivale a la incorporación de 58 nuevos trabajadores cada día, según registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Este fenómeno ha levantado críticas, especialmente en sectores como educación, donde el aumento en gastos no se ha traducido en mejoras sustanciales. Por ejemplo, mientras el personal administrativo del Ministerio de Educación creció en 34,497 empleados, la nómina docente solo registró un incremento de 5,990 plazas.
Expertos señalan que esta situación contrasta con la gestión anterior, donde el incremento diario en la nómina era de 3.3 millones de pesos, casi la mitad de lo que se observa actualmente. Además, el hecho de que el Ministerio de Administración Pública, responsable de ordenar el empleo público, figure entre las instituciones con mayor descontrol de nómina, ha sido catalogado como un paradójico y preocupante.
El debate sobre el crecimiento desmedido de la nómina pública cobra relevancia en un contexto nacional donde el gasto estatal enfrenta mayor escrutinio. Analistas advierten que, de no tomarse medidas eficientes, este fenómeno podría tener implicaciones fiscales severas en el largo plazo, afectando la sostenibilidad económica del país. Las autoridades no han emitido aún un pronunciamiento oficial sobre cómo planean abordar esta problemática.
