El gobierno dominicano ha inyectado más de medio billón de pesos en seis años para sostener el colapsado sistema eléctrico, según datos oficiales. Los subsidios al sector energético se han triplicado desde 2020, convirtiéndose en un agujero fiscal que consume recursos equivalentes al 60% del presupuesto anual de salud.
Las cifras de la Dirección General de Presupuesto revelan que los desembolsos pasaron de 34,286 millones de pesos en 2020 a un récord de 107,855 millones en 2025. Solo en los primeros cinco meses de 2026, ya se han erogado 58,836 millones, superando más de la mitad del gasto total del año anterior.
El costo de la luz que no llega
El mayor salto ocurrió en 2022, cuando el subsidio creció un 78% interanual por el alza global en combustibles. Aunque hubo una leve reducción en 2023, los fondos volvieron a dispararse en 2024, superando por primera vez los 100,000 millones anuales. Expertos consultados atribuyen el déficit crónico a pérdidas técnicas, cobros no facturados y contratos de generación desfavorables.
Cada año, el gobierno ha tenido que ampliar el presupuesto inicial mediante modificaciones. Para 2026, la partida aprobada asciende a 92,475 millones, pero su ejecución acelerada sugiere que volverá a rebasar las proyecciones.
Impacto en las finanzas públicas
Estos recursos, que equivalen a 2.3 veces el presupuesto de educación superior, provienen mayormente de impuestos. Autoridades reconocen que el modelo es insostenible, pero evitan reformas profundas ante el riesgo de protestas sociales. Mientras, las distribuidoras acumulan deudas con generadoras que superan los 800 millones de dólares.
Analistas advierten que, sin una reestructuración del sector, los subsidios seguirán consumiendo recursos clave para infraestructura y servicios sociales. El próximo informe del FMI podría incluir recomendaciones urgentes sobre este tema, que ya representa el 3.5% del PIB nacional.
