La carrera por la presidencia de Perú está en un punto crítico. Keiko Fujimori, candidata de derecha y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori, lidera por apenas 561 votos sobre Roberto Sánchez, su rival de izquierda, con el 98,21 % de las actas escrutadas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ambos candidatos han obtenido alrededor de 9 millones de votos cada uno, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país. El resultado final dependerá del conteo de apenas 20 actas pendientes y la revisión de más de 1,600 actas observadas.
Este escenario marca la tercera vez consecutiva que las elecciones presidenciales en Perú se definen por un margen extremadamente estrecho. En 2016 y 2021, Keiko Fujimori perdió ante Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente, por diferencias de apenas 40,000 votos en cada ocasión. Si Fujimori logra imponerse esta vez, significaría el retorno del fujimorismo al poder después de más de dos décadas, tras la controvertida salida de su padre en el año 2000.
La decisión final recae ahora en las autoridades electorales. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha señalado que 124 actas observadas pasarán a un recuento de votos, aunque solo el 5,6 % de estas ya tienen audiencias programadas. La mayoría de estas actas proceden de Lima, donde se concentra un tercio de la población del país, y donde se registraron irregularidades como boletas marcadas o dañadas.
Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a las urnas el pasado domingo para elegir al sucesor de Pedro Castillo, quien enfrenta un proceso de destitución. La elección marcará el inicio de un nuevo período de gobierno (2026-2031) en un país que ha tenido ocho presidentes en la última década, fruto de una profunda inestabilidad política y múltiples crisis institucionales.
El desenlace de esta contienda podría definir no solo el rumbo político de Perú, sino también el futuro del fujimorismo, que busca consolidar su retorno al poder tras años de estar en la oposición. Las autoridades electorales tienen ahora la última palabra en un proceso que sigue captando la atención nacional e internacional.
