Un escándalo de corrupción y malas prácticas médicas ha sacudido al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), tras descubrirse que pacientes con cáncer recibían quimioterapia en pasillos y hospitalizaciones privatizadas, mientras se comercializaban sustancias controladas de forma ilegal. El Ministerio Público ha imputado al expresidente del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, junto a su esposa y exesposa, en el marco de la Operación ONCO14. Este caso ha puesto en evidencia prácticas que ponen en riesgo la vida de pacientes vulnerables y cuestionan la integridad del sistema de salud.
Según el expediente del Ministerio Público, Lora Cruceta privatizó la mayoría de las habitaciones comunes del IORC, destinadas a pacientes subsidiados por el Seguro Nacional de Salud (Senasa). Estos espacios fueron convertidos en habitaciones de una sola cama, obligando a los pacientes a pagar entre RD$3,500 y RD$5,000 por noche. Aquellos que no podían costear estas tarifas debían esperar en listas interminables para acceder a las pocas camas comunes disponibles, retrasando tratamientos esenciales que, en casos de cáncer, pueden ser determinantes para la supervivencia.
La situación se agravó para pacientes que requerían quimioterapia urgente. Al no tener acceso a habitaciones, debían recibir tratamiento en áreas de emergencia o pasillos, exponiéndose a infecciones debido a su condición inmunocomprometida. Además, estos pacientes fueron víctimas de cambios fraudulentos en sus indicaciones médicas y recibieron dosis incompletas de medicamentos, según el expediente.
El escándalo no termina allí. Investigaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) revelaron que la farmacia del Patronato Cibaeño contra el Cáncer fue utilizada para el tráfico de medicamentos controlados. Entre las irregularidades detectadas figuran la venta de drogas sin permisos, medicamentos vencidos desde 2022 y el desvío de sustancias para su comercialización ilegal. Una entidad llamada Fundación Dominicana del Dolor (FUNDOLOR), dirigida por Margarita Reyes Luciano, estuvo implicada en el manejo irregular de estos medicamentos.
El caso también involucra al anestesiólogo José D. Jiménez Marmolejos, quien prescribió de manera reiterada medicamentos controlados bajo la modalidad de “donaciones”, que luego eran desviados para su venta a personas con dependencia. Entre los casos identificados está Fiordaliza Blanco, una paciente que continuó recibiendo prescripciones desproporcionadas pese a su condición de adicción.
Este escándalo ha generado indignación nacional y ha puesto en evidencia las grietas en el sistema de salud. Las autoridades han prometido acciones contundentes para garantizar que estos hechos no se repitan y que los responsables enfrenten la justicia. Mientras tanto, las víctimas y sus familias esperan respuestas y medidas que aseguren la transparencia y calidad en el tratamiento de enfermedades tan críticas como el cáncer.
