Violenta agresión en Palacio de Justicia: Fiscalía pide prisión para exalcalde tras golpear a víctima del caso Jet Set
Un exalcalde y comunicador podría enfrentar prisión preventiva tras agredir brutalmente a un doliente del caso Jet Set en pleno Palacio de Justicia de Santo Domingo. La Fiscalía del Distrito Nacional confirmó este lunes la solicitud de medida de coerción contra Jhossan Capell de Castro, acusado de propinar una bofetada que dejó graves lesiones a José Luis Custodio Peña, padre de una víctima mortal de la tragedia ocurrida en abril de 2025.
El violento episodio ocurrió el pasado 27 de abril, cuando Custodio —quien perdió a su hijo en el colapso de la discoteca Jet Set— cuestionó una manifestación de apoyo a los implicados en el caso. Testigos y cámaras de seguridad captaron el momento en que Capell, presente en la protesta, golpeó al hombre en el rostro, causándole fractura nasal, pérdida de visión temporal y daños auditivos.
La fiscal investigadora Yesenia Hernández, del Departamento de Crímenes contra la Persona, presentó pruebas que vinculan al acusado con el delito de "golpes y heridas voluntarias", tipificado en el artículo 309 del Código Penal. El expediente judicial detalla que Custodio sigue bajo supervisión médica por las secuelas del ataque.
El arresto de Capell se produjo tras una orden emitida por los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. Las autoridades destacan que el caso ha reavivado tensiones en torno al proceso judicial del Jet Set, donde más de 30 personas perdieron la vida, incluyendo familiares de altos mandos militares.
El Ministerio Público asegura que los videos del incidente, junto con testimonios de testigos y periodistas presentes, refuerzan la acusación. Mientras el tribunal evalúa la solicitud de prisión preventiva, el caso pone bajo escrutinio la seguridad en recintos judiciales y el tratamiento a las víctimas de tragedias nacionales.
Este nuevo capítulo del caso Jet Set podría influir en el avance de las audiencias, previstas para las próximas semanas, donde se definirán responsabilidades por el colapso del local. Las autoridades mantienen vigilancia reforzada en los tribunales ante posibles protestas.
