Fiscalía pide 18 meses de prisión por robo millonario a pacientes con cáncer.

Fiscalía pide 18 meses de prisión por robo millonario a pacientes con cáncer.

Tres implicados en mega fraude a seguro de salud de pacientes con cáncer enfrentan prisión preventiva

La Fiscalía de Santiago pidió 18 meses de prisión preventiva para tres acusados de desviar millones del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) destinados a tratamientos oncológicos, en un escándalo que ha sacudido al sistema sanitario dominicano. Los investigados habrían creado una red de corrupción en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), afectando a pacientes vulnerables y al erario público.

Entre los imputados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, exdirectivo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quienes presuntamente operaron un esquema de fraude, lavado de activos y sobornos mediante empresas vinculadas. La investigación, denominada Operación Onco14, revela que desviaron fondos mediante facturas falsas, venta ilegal de medicamentos donados e incluso uso de instalaciones médicas para cirugías estéticas privadas.

El Ministerio Público detalló que los acusados alteraron registros médicos, falsificaron firmas de profesionales y bloquearon donaciones gratuitas de fármacos, mientras cobraban al Estado por servicios nunca prestados. Entre las pruebas incautadas hay documentos, dispositivos electrónicos y hasta un arma de fuego.

El caso, calificado como "complejo" por las autoridades, expone fallas en la supervisión de entidades de salud. El IORC, fundado en 1964 para atender a pacientes de cáncer en la región del Cibao, recibía subsidios estatales a través del SeNaSa, ahora mermados por el presunto desfalco.

La Procuraduría Especializada contra la Corrupción (PEPCA) aseguró que la trama involucró a más colaboradores, cuyos roles se siguen investigando. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa y lavado de dinero, en un proceso que podría revelar más irregularidades en el sistema de salud público.

Este escándalo reaviva el debate sobre la transparencia en el uso de fondos sanitarios, especialmente aquellos destinados a enfermedades críticas como el cáncer, que afecta a miles de dominicanos anualmente. Las audiencias preliminares definirán si los acusados permanecen tras las rejas mientras avanza el juicio.

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