Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera inminente la aprobación de un nuevo Código Penal que permita diseñar una política criminal eficaz acorde a los nuevos tiempos y con las estructuras normativas que se ajusten al modelo institucional que ha adoptado el Estado dominicano.
En la actualidad, el sistema de justicia penal dominicano presenta innumerables obstáculos a la hora de delimitar las conductas del crimen organizado y los nuevos delitos que surgen con el avance de los tiempos. Esta situación es provocada -en su mayor parte- por la debilidad del Código Penal vigente que data del siglo XIX, pero que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera inminente la aprobación de un nuevo Código Penal que permita diseñar una política criminal eficaz acorde a los nuevos tiempos y con las estructuras normativas que se ajusten al modelo institucional que ha adoptado el Estado Dominicano.
En la actualidad, el sistema de justicia penal dominicano presenta innumerables obstáculos a la hora de delimitar las conductas del crimen organizado y los nuevos delitos que surgen con el avance de los tiempos. Esta situación es provocada -en su mayor parte- por la debilidad del Código Penal vigente que data del siglo XIX, pero que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico.
Desde FINJUS hemos reiterado que el derecho penal no puede ser estudiado independientemente de los fenómenos políticos, sociales y económicos que se dan en su contexto. En la coyuntura actual, desde una perspectiva de eficacia de la toma de decisiones públicas, un Código Penal no deja de ser un producto final de la interpretación que hacen sus redactores y de cómo conciben los problemas sociales, las ideas penales y criminológicas.
En el mismo sentido, apoyamos la urgencia que la Conferencia Episcopal Dominicana pone sobre la mesa, ya que ciertamente el proyecto de Código Penal ha transitado por el Congreso Nacional por décadas, sin contar con el éxito de su aprobación. Es evidente que, para sancionar los hechos delictivos, se requiere de un catálogo normativo moderno que sirva como garante de los ciudadanos y sus derechos fundamentales.
Por lo que se requiere un análisis profundo de las distintas ramificaciones que presenta la legislación penal, su dispersión normativa y la posibilidad de concretar un texto que pueda responder de manera efectiva a las legítimas pretensiones de prevención, control y reacción frente al fenómeno delictivo. que nos afecta como sociedad.
Para fortalecer nuestro Estado social y democrático de derecho se requiere del consenso de los actores encargados de tomar las decisiones públicas más trascendentes, por ello, el Código Penal se erige en la actualidad como la norma más urgente de adherirse a nuestro ordenamiento jurídico. legal.
Reiteré que el derecho penal no puede ser estudiado independientemente de los fenómenos políticos, sociales y económicos que se dan en su contexto. En la coyuntura actual, desde una perspectiva de eficacia de la toma de decisiones públicas, un Código Penal no deja de ser un producto final de la interpretación que hacen sus redactores y de cómo conciben los problemas sociales, las ideas penales y criminológicas.
En el mismo sentido, apoyamos la urgencia que la Conferencia Episcopal Dominicana pone sobre la mesa, ya que ciertamente el proyecto de Código Penal ha transitado por el Congreso Nacional por décadas, sin contar con el éxito de su aprobación. Es evidente que, para sancionar los hechos delictivos, se requiere de un catálogo normativo moderno que sirva como garante de los ciudadanos y sus derechos fundamentales.
Por lo que se requiere un análisis profundo de las distintas ramificaciones que presenta la legislación penal, su dispersión normativa y la posibilidad de concretar un texto que pueda responder de manera efectiva a las legítimas pretensiones de prevención, control y reacción frente al fenómeno delictivo. que nos afecta como sociedad.
Para fortalecer nuestro Estado social y democrático de derecho se requiere del consenso de los actores encargados de tomar las decisiones públicas más trascendentes, por ello, el Código Penal se erige en la actualidad como la norma más urgente de adherirse a nuestro ordenamiento jurídico. legal.
