La Justicia absolvió a los dueños de Vidal Plast, empresa involucrada en la devastadora explosión que sacudió San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, dejando 47 muertos y 12 desaparecidos. Sin embargo, familiares de las víctimas no dan por cerrado el caso y exigen que se lleve ante los tribunales a quienes consideran los verdaderos responsables: el ayuntamiento, la empresa Rylco Sociedad Anónima y el Departamento de Obras Públicas.
Manuel Antonio Nina, presidente de la Comisión Provincial de la Verdad, afirmó que la batalla legal está lejos de terminar. “Queremos que se investigue y se juzgue a quienes realmente permitieron esta tragedia”, declaró. Teodoro Ortega, padre de una de las víctimas, secundó este llamado y pidió al Estado que reabra el caso. “No descansaremos hasta que se haga justicia”, aseguró.
La explosión, que destruyó parte del centro de la ciudad, fue uno de los peores desastres en la historia reciente del país. La investigación inicial descartó responsabilidad directa de los dueños de Vidal Plast, pero los familiares sostienen que hubo negligencia por parte de las autoridades locales y las empresas involucradas en el manejo de materiales peligrosos. Además, reclaman información sobre el paradero de las 12 personas que aún permanecen desaparecidas.
Este caso ha puesto en evidencia fallas en la regulación de seguridad industrial y ha generado un fuerte debate público sobre la responsabilidad de las instituciones en tragedias de esta magnitud. Las autoridades no han hecho declaraciones oficiales sobre la posibilidad de reabrir la investigación, pero la presión ciudadana y mediática sigue creciendo.
La búsqueda de justicia por parte de los familiares podría marcar un precedente en cómo se manejan casos de negligencia y responsabilidad en desastres de gran escala. Mientras tanto, la sombra de la tragedia sigue latente en San Cristóbal, donde los esfuerzos por reconstruir y sanear la zona continúan.
