El exsenador Adriano Sánchez Roa ha exigido una auditoría externa e independiente al Ministerio de Agricultura de República Dominicana, tras denunciar una serie de presuntas irregularidades durante las gestiones de los ministros Limbert Cruz y Francisco Oliverio Espaillat. La solicitud, respaldada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pone en el centro del debate la transparencia de una institución clave para el sector agropecuario, en un momento crítico debido a la caída en la producción de alimentos.
El llamado de Sánchez Roa, quien también dirige la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD, incluye un análisis exhaustivo del período comprendido entre agosto de 2020 y marzo de 2026. Entre las acusaciones destacan irregularidades en el manejo de cooperativas, la construcción de infraestructura vial, importaciones, financiamiento de vehículos y el uso de recursos públicos. Según el exsenador, estas situaciones exigen una investigación rápida y rigurosa para esclarecer los hechos.
El cuestionamiento llega en un contexto nacional complejo, donde el sector agrícola enfrenta desafíos significativos. La producción de alimentos ha registrado un descenso sostenido, lo que ha generado preocupación tanto en el ámbito económico como social. Sánchez Roa ha criticado la gestión del ministerio, describiéndola como "sin rumbo claro" y señalando que los problemas se acumulan sin soluciones efectivas.
El político ha insistido en que la auditoría no debe ser realizada por entidades como la Cámara de Cuentas o la Contraloría General, cuya independencia ha sido cuestionada en el pasado. En su lugar, aboga por una institución autónoma, con sólida capacidad técnica y credibilidad moral. Esta postura refleja una creciente desconfianza hacia los mecanismos de control internos del gobierno.
El Ministerio de Agricultura aún no ha respondido públicamente a estas acusaciones. Sin embargo, la demanda de una auditoría externa podría abrir un debate más amplio sobre la transparencia y eficiencia en la gestión pública, especialmente en instituciones estratégicas para el desarrollo económico del país. Este caso podría marcar un precedente en cómo se abordan las denuncias de irregularidades en el futuro cercano.
