Un escándalo de corrupción sacude la Fiscalía dominicana tras la detención en flagrancia de Aurelio Valdez Alcántara, fiscal acusado de exigir sobornos millonarios a cambio de manipular investigaciones sensibles. Según el expediente del Ministerio Público, el funcionario habría recibido un adelanto de 10.000 dólares y exigido un total de 150.000 dólares, además de un reloj Rolex y un vehículo de lujo, para favorecer a Roberto Canaán, exgerente de servicio al usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La trama salió a la luz durante una operación de seguimiento que culminó con el arresto de Valdez Alcántara el pasado 13 de marzo. El encuentro se produjo en el estacionamiento de un establecimiento comercial, donde el fiscal presuntamente utilizó información privilegiada para presionar a Canaán. La Dirección de Persecución del Ministerio Público detalló que inicialmente se habría exigido 200.000 dólares, pero tras negociaciones, el monto se redujo a 150.000 dólares, junto con otros lujos.
El fiscal, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estaba investigando casos de alto perfil vinculados a Senasa. Las autoridades afirman que Valdez Alcántara mantuvo una presión constante sobre Canaán mediante llamadas telefónicas, fijando como fecha límite el 24 de marzo y advirtiendo que procedería a judicializar el caso si no recibía el pago.
La investigación, dirigida personalmente por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, busca determinar si existen otros implicados en este caso de corrupción. Este hecho pone en entredicho la integridad de uno de los organismos clave en la lucha contra la corrupción en el país y podría tener repercusiones significativas en los casos que estaban bajo la responsabilidad de Valdez Alcántara.
Las autoridades aseguran que el seguimiento al caso continuará para garantizar que se haga justicia y se refuerce la transparencia en las instituciones públicas. Este escándalo ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en los organismos de justicia para evitar la impunidad y proteger la confianza ciudadana.
