A pedido del Ministerio Público, el segundo panel de la jurisdicción condenó a cinco acusados a 20, 15, 10 y 7 años de prisión.
Juan Antonio Fernández Fernández deberá cumplir una condena de 20 años de prisión por el derribo de la discoteca Casa Blanca por parte de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la Fiscalía de San Diego. Unas 45 mujeres víctimas de este flagelo fueron explotadas sexualmente cuando el Ministerio Público tomó medidas.
Fernández Fernández también deberá pagar una multa de 175 salarios mínimos y 14.000.000 de indemnización en restitución para ambas víctimas.
Acusada Grismelda Acarilis Merejo Salas deberá cumplir 15 años y pagar un salario mínimo de 175; María Magdalena Bautista Bautista es sentenciada a 10 años y pagar un salario mínimo de 50. En tanto, Jolvert José Ramírez y Jairo Rafael Correa deberán cumplir siete años de prisión y pagar un salario mínimo de 75.
El grupo delictivo fue detenido por incorporar su conducta a la Ley No. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Sustancias Controladas y Otros Delitos Graves Sanciones, Ley y Ley No. 36 sobre Comercio, Portación y Posesión de Armas.
El Ministerio Público ha aportado pruebas de distinta naturaleza que le permiten demostrar que integrantes de organizaciones criminales desarticuladas se dedican a capturar, transportar, trasladar, recibir y albergar a mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad provenientes de países como Colombia y Venezuela.
Las mujeres son explotadas sexualmente, además de coacciones y amenazas que afectan la dignidad de estas víctimas para lucrar con la explotación.
La sentencia fue dictada por un tribunal de los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres Enfatizó la gravedad de la trata de personas y la importancia de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas de este delito.
El Ministerio Público presentó una denuncia ante Juan Medina de los Santos (procurador), las fiscales Marinel Brea Tejeda y Madeline Nuñez Imbert de la Unidad de Atención a Víctimas de Trata de la Fiscalía General de la Nación, especialistas en la investigación de este delito, quienes ayudaron legalmente y proporcionado gratuitamente a la víctima.
