Las autoridades dominicanas mantienen una intensa cacería contra un joven de 24 años acusado de ejecutar un sofisticado fraude electrónico que habría provocado pérdidas cercanas a los RD$60 millones dentro de la empresa donde trabajaba.
Se trata de Juan Luis Valdez Cascante, ex empleado de la compañía afectada, quien actualmente figura como prófugo y es activamente buscado por miembros del Ministerio Público y agentes del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional.
Según las investigaciones, el joven habría intervenido varias cuentas corporativas para realizar transferencias sistemáticas hacia cuentas personales bajo su control, en una operación que las autoridades describen como cuidadosamente estructurada para evitar alertas bancarias inmediatas.
Pero el dinero no terminaba ahí.
El expediente revela que los fondos eran posteriormente distribuidos entre unas 113 personas, quienes presuntamente entregaban el efectivo a cambio de un porcentaje, en una maniobra que investigadores vinculan con redes utilizadas para dispersar dinero de origen ilícito.
Las autoridades sostienen que Valdez Cascante habría utilizado la modalidad conocida como “pitufeo”, una técnica financiera utilizada para fragmentar grandes cantidades de dinero en múltiples transferencias pequeñas con el objetivo de evitar controles automáticos, auditorías internas o sospechas de movimientos inusuales.
El caso ha comenzado a generar gran atención debido al nivel de planificación atribuido al imputado y la cantidad de personas que presuntamente participaron en el esquema.
La orden de arresto No. 2025-AJ0015030 fue emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
El Ministerio Público acusa al prófugo de robo asalariado, asociación de malhechores y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con fraude y criminalidad organizada.
De acuerdo con los investigadores, el sospechoso habría permanecido oculto en distintas localidades del país, incluyendo Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, zonas donde residen familiares cercanos y donde las autoridades han realizado labores de inteligencia y rastreo.
Mientras continúa la búsqueda, las investigaciones también se expanden hacia otros posibles implicados que habrían colaborado en la recepción, movilización o retiro del dinero.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el creciente desafío que representan los delitos financieros digitales en República Dominicana, donde las autoridades han detectado un aumento en fraudes electrónicos, estafas bancarias y esquemas de lavado vinculados a plataformas tecnológicas y transferencias virtuales.
