Autoridades eléctricas cortan suministro irregular en ayuntamiento y vivienda de alcaldesa en El Cedro
Un operativo de la distribuidora eléctrica Edeeste dejó al descubierto conexiones ilegales en el ayuntamiento del distrito municipal El Cedro de Miches y en la residencia de su alcaldesa. Ambos inmuebles operaban sin contrato formal, según confirmaron fuentes oficiales. La intervención forma parte de una campaña nacional para reducir las pérdidas millonarias del sistema eléctrico, que superan el 80% en esta zona.
Los equipos técnicos actuaron tras detectar múltiples intentos fallidos de regularizar el servicio. Primero suspendieron el suministro en la sede municipal, pero horas después hallaron una reconexión clandestina. Esto obligó a un segundo operativo con corte definitivo del cableado. La misma irregularidad se encontró en la vivienda de la autoridad local, donde se desmanteló por completo la instalación no autorizada.
El circuito afectado, identificado como NISI01, es uno de los más críticos del país. Datos oficiales revelan que solo en 2025 se perdieron 22.96 gigavatios hora de energía, equivalentes a 229.6 millones de pesos dominicanos. La recaudación apenas alcanzó 18.71 millones, dejando una brecha que impacta a los usuarios que sí pagan su servicio.
Edeeste alertó sobre el patrón recurrente de reconexiones ilegales tras operativos anteriores. Esta práctica, según explican, satura las redes, provoca fallos frecuentes y desvía recursos destinados a mejoras. La empresa aseguró que mantendrá las inspecciones junto a autoridades locales, aunque admitió resistencia en algunos casos.
El caso reaviva el debate sobre el fraude eléctrico, un problema endémico que lastra la economía nacional. Solo en este distrito, las pérdidas equivalen al consumo de miles de hogares. Expertos advierten que sin medidas drásticas, la crisis seguirá afectando la calidad del servicio para los clientes regulares.
La distribuidora reiteró su compromiso de aplicar las normas con equidad, pero subrayó que la solución requiere colaboración ciudadana. Mientras, las comunidades con altos índices de irregularidades enfrentan cortes programados hasta que se regularicen los suministros.
