El Congreso Nacional avanza hacia la aprobación de una reforma histórica a la Ley de Residuos Sólidos, que introducirá cobros obligatorios a empresas y entidades gubernamentales para financiar un sistema integral de gestión de desechos. La medida, que se espera sea aprobada antes del 26 de julio, busca mitigar el impacto ambiental de los residuos y modernizar la infraestructura municipal para su tratamiento.
El proyecto establece contribuciones obligatorias para todas las personas jurídicas, entidades públicas y patrimonios autónomos que declaren ingresos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Los montos varían según los ingresos anuales: desde RD$3,500 para empresas con menos de cinco millones de pesos, hasta RD$675,000 para aquellas que superen los 500 millones. Estos fondos se destinarán a un fideicomiso nacional para financiar iniciativas como la construcción de rellenos sanitarios, plantas de reciclaje y estaciones de transferencia.
La reforma también impone restricciones ambientales significativas. Solo se permitirá un vertedero por provincia y una planta procesadora por cada diez regiones en un radio de 70 kilómetros, con excepciones en zonas densamente pobladas como la región Ozama. Además, el foam deberá biodegradarse en un 20% durante el primer año y en un 90% en cinco años, mientras que se prohibirá la importación de productos plásticos como sorbetes, cubiertos y vasos de poliestireno sin certificación de biodegradabilidad.
Esta iniciativa llega en un momento crítico para el país, donde la gestión de residuos sólidos ha sido un desafío recurrente. Según datos oficiales, más del 60% de los municipios carecen de infraestructura adecuada para el tratamiento de desechos, lo que ha generado problemas de contaminación y salud pública. La nueva ley busca no solo mejorar esta situación, sino también fomentar prácticas más sostenibles entre las empresas y la población.
Las autoridades han señalado que los recursos recaudados se administrarán bajo la supervisión de un Consejo Directivo, que garantizará su uso transparente y efectivo. Entre los beneficiarios directos están las alcaldías y distritos municipales, que recibirán apoyo para mejorar sus sistemas de recolección y disposición de residuos.
La aprobación de esta reforma marca un hito en la política ambiental del país y podría tener un impacto significativo en la reducción de la contaminación plástica y el fomento de una economía circular. Sus resultados se empezarán a ver en los próximos años, una vez que los proyectos financiados entren en funcionamiento.
